Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvieron este miércoles a la exmilitante del PSOE, que ya estaba imputada por los delito de cohecho y tráfico de influencias por el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid.

Díez estaba siendo investigada por la Guardia Civil, que en un informe recogió las denuncias de dos fiscales a los que supuestamente habría intentado sobornar con diversos beneficios a cambio de información sensible contra mandos de la UCO y conta el fiscal jefe Anticorrupción, Alejando Luzón.

Fuentes de la investigación aseguraron que esta nueva operación aún está abierta y se encuentra bajo secreto de sumario. La actuación ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción.

Leire Díez fue trasladada tras su detención a los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos. Las pesquisas están dirigidas a investigar presuntas irregularidades en procesos de contratación pública. Los dos detenidos pasarán a disposición judicial en las próximas horas.

RELACIONES

La investigación tendría que ver con los contratos públicos que pudo haber obtenido Díez mientras fue consejera de la empresa Cistec Technology entre octubre de 2021 y mayo de 2023. Además, la exmilitante socialista fue la responsable de comunicación de la empresa pública Enusa, dependiente de la SEPI, entre octubre de 2018 y octubre de 2021.

Por su parte, Vicente Fernández presidió la SEPI hasta octubre de 2019, fecha en la que presentó su dimisión tras ser imputado en el caso que investigó el presunto amaño del concurso para la explotación de la mina de Aznalcóllar, en Sevilla. Precisamente, el pasado viernes la Audiencia Provincial de Sevilla lo absolvió, junto a otras 15 personas, entre funcionarios y cargos del Gobierno andaluz de entonces.

Fernández era hombre de confianza de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que lo nombró como máximo responsable de la SEPI en junio de 2018. Antes había sido el responsable de la Intervención autonómica en Andalucía y había ocupado el cargo de secretario general de Innovación, Industria y Energía del Gobierno de Susana Díaz.

Tras dejar la SEPI, Fernández pidió permiso para colaborar con Servinabar como asesor externo, cosa que hizo a partir de mayo de 2021. Servinabar es la empresas que está en el epicentro de las adjudicaciones de obra pública amañada desde el Ministerio de Transportes con Acciona.

El Tribunal Supremo recibió un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se incluía un contrato privado por el que el que fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán habría comprado el 45% de Servinabar. Tanto Cerdán como el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García están siendo investigados en el Tribunal Supremo por estas contrataciones.