Esa iniciativa forma parte de un protocolo general de actuación para impulsar la seguridad vial laboral, firmado este viernes en Madrid por el director general de Tráfico, Pere Navarro, y la directora del INSST, Aitana Garí.

Los siniestros laborales de tráfico se redujeron entre enero y octubre de este año respecto a ese periodo de 2024, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Sin embargo, 16.393 personas trabajadoras sufrieron siniestros de tráfico con baja durante la jornada laboral y 60 perdieron la vida en esos 10 primeros meses del año.

El acuerdo de la DGT y el INSST busca bajar la cifra de siniestros laborales de tráfico con la cooperación en áreas como la asistencia técnica, la investigación y la divulgación de buenas prácticas.

“PRIORIDAD ESTRATÉGICA”

El protocolo impulsará el intercambio de datos y estadísticas entre ambos organismos para identificar áreas de mejora y permitirá diseñar estrategias de prevención de riesgos laborales en la conducción.

También se prevén actuaciones de formación, información y sensibilización en seguridad vial laboral dirigidas a personas trabajadoras, empresas y personal autónomo.

“La movilidad laboral segura es una prioridad estratégica: no podemos aceptar que los desplazamientos por motivos de trabajo sigan siendo una de las principales causas de mortalidad laboral”, apuntó Garí en el acto de la firma.

Por su parte, Navarro subrayó que la seguridad vial no termina en la carretera, sino que debe integrarse en el entorno laboral. “De ahí que este convenio nos permita avanzar en una estrategia conjunta a través del intercambio de datos, el desarrollo de campañas de sensibilización y la promoción de planes de movilidad segura en las empresas, acciones todas ellas tendentes a reducir los siniestros viales que se producen durante la jornada laboral o en los desplazamientos ‘in itinere’”.

Con el fin de coordinar las actuaciones previstas, se constituirá un grupo de seguimiento integrado por representantes de ambas instituciones, que se reunirá periódicamente para evaluar los avances y asegurar el cumplimiento de los objetivos.

El protocolo tendrá una duración inicial de dos años, prorrogables, y servirá como marco de colaboración para promover entornos laborales más seguros y saludables, también en la movilidad.