“No se preocupen, tranquilidad, ya hemos hecho lo que teníamos que hacer y por supuesto ya hemos dictado una norma, un criterio para que esto se preserve, pero están golpeando a la gente trabajadora y a los pensionistas en nuestro país”, declaró Díaz en los pasillos del Congreso.

Este real decreto-ley contó con el rechazo de Junts, PP, Vox y UPN por el hecho de que incluía la prohibición de desahuciar a las familias vulnerables en alquiler. Pero el texto incluía también medidas como la revalorización de las pensiones y, en este caso, la prórroga provisional del SMI en 1.184 euros por 14 pagas.

Esta congelación temporal se aprobó a instancias del Ministerio de Trabajo para ganar tiempo y poder negociar con sindicatos y CEOE la subida de este año, que tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero cuando vea la luz. Con toda probabilidad, se revalorizará un 3,1% con el apoyo de CCOO y UGT, aunque se antoja difícil el pacto con CEOE y Cepyme.

La normativa española obliga a que cada año se apruebe un SMI, aunque sea una prórroga, porque es el Gobierno quien fija este indicador anualmente y, de lo contrario, decaería. Eso sí, existe debate jurídico sobre si las empresas podrían pagar por debajo de este umbral.

En cualquier caso, esto ya ocurrió con el decreto ‘ómnibus’ del pasado año y desde el Ministerio explicaron que, dado que a posteriori se aprobaría la revalorización del nuevo año, cualquier intento de remunerar por debajo del SMI quedaría sin efecto. Aun así, aprobaron también una prórroga en una norma para evitar cualquier inconveniente de este tipo.