Díaz hizo esta afirmación durante una intervención breve en el Pleno del Congreso de los Diputados en el marco del debate del proyecto de Ley de Empleo, cuyo dictamen se debatió hoy y se votará mañana, jueves.

La vicepresidenta quiso “desmentir” una afirmación del diputado del PP Diego Movellán, quien dijo que ha incorporado al texto vía enmienda “el traspaso de competencias en gestión del pago y control de prestaciones por desempleo”.

Díaz respondió que “donde hay papel, las barbas se callan” y aseguró que “esta ley no va a transferir la gestión de las prestaciones públicas de desempleo a ninguna comunidad autónoma”.

Durante el debate, desde el PP, Movellán consideró la nueva norma, en la que se revisan las políticas activas de empleo, “una de las tramitaciones más chapuceras que se recuerda en esta Cámara” y que hará que dichas políticas sigan “sin funcionar”.

Movellán afirmó que “trabajan ustedes muy poco los textos legislativos cuando se trata de proteger a las mujeres o a los más de tres millones de parados, pero muy bien y con mucha rapidez cuando se trata de proteger a los amigos condenados por sedición, malversación”.

Desde Vox, Juan José Aizcorbe apeló a la “España cansada y doliente pero todavía capaz de discernir el bien del mal” para acabar con “este golpe a la legalidad” del Gobierno.

En cuanto al contenido de la ley, este diputado hizo referencia a la enmienda pactada con Bildu para dotar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) de la capacidad y potestad para la autorización administrativa de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), reforzando así el papel de este organismo. Aizcorbe comentó que esta enmienda “revienta” el diálogo social defendido por Díaz y “cualquier palabra dada no sirve de nada”.

Precisamente por Bildu, Óskar Matute se alegró de la “publicidad” dada a esta enmienda y aprovechó la ocasión para criticar que la patronal CEOE no asistiera hoy a la reunión del diálogo social sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y que “se enojó mucho” con el acuerdo entre Bildu y el Gobierno. “Quien nada oculta, nada teme, quizás ocultan demasiadas cosas”, consideró, y añadió que si CEOE se “enfada” por el acuerdo, “es un honor, lo que sería un horror es que la CEOE se alegrara”.

Por el PSOE, Esther Peña destacó que la ley garantizará 11 derechos a los desempleados a través de los servicios públicos de empleo y que habrá 3.000 orientadores más para ayudar a buscar empleo. “Que ustedes se opongan es casi una garantía de éxito”, dijo Peña en respuesta al PP y criticó a este partido por tener recurrida en los tribunales la reforma laboral.

Sobre la polémica por la contabilidad estadística de los fijos discontinuos, Peña lo consideró un “cuento” y defendió que no se ha cambiado “ni una sola coma” de la norma que regula la forma de contar a los fijos discontinuos y que los computan los servicios públicos de las comunidades autónomas, recordando que algunas están gobernadas por el PP.

Cabe destacar entre los cambios introducidos en la ley que se amplían los colectivos con especiales dificultades de acceso y permanencia en el mercado de trabajo, entre los que se encuentran las personas con autismo, al tiempo que extiende la situación de discapacidad a quienes tienen una invalidez reconocida. Se trata de reivindicaciones planteadas por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y que han sido incorporadas al texto durante su paso por la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados. Una vez que la ley sea votada definitivamente mañana en el Pleno, lo que está previsto, pasará a tramitarse en el Senado, ya el próximo año ante el periodo parlamentario inhábil con motivo de la navidad.