Díaz se expresó de este modo durante el acto en el que recibió formalmente el informe elaborado por la comisión internacional de expertos de alto nivel sobre democracia en el trabajo de manos de la presidenta de este grupo de especialistas, Isabelle Ferreras. Dicho estudio fue encargado por la propia Díaz a un grupo de expertos hace casi un año.

La vicepresidenta segunda dejó claro que la mesa de diálogo, a la que llamará a sindicatos y patronal, es competencia de Trabajo y no de Economía, que ya tiene otros aspectos “muy importantes” en su cajón y que debería abordar, como la baja o nula remuneración de los depósitos por parte de las entidades financieras.

“Tenemos que culminar la transición española con esta reforma pendiente; hemos de dar un paso adelante, porque una democracia que se detiene en la puerta del trabajo, sencillamente, es absolutamente una democracia incompleta”, advirtió Díaz, quien lamentó que, “durante décadas, hemos aceptado esta contradicción como si fuera natural”.

En este sentido, destacó la importancia de que los trabajadores participen de la toma de decisiones de las empresas, lo que no solo es un mandato constitucional, sino que es eficiente económicamente hablando. A su juicio, “si hay alguien que sabe cómo se debe organizar el trabajo es la gente que lo realiza”.

En su alocución, la líder de Sumar en el Gobierno de coalición resaltó que “no es nada revolucionario”, puesto que ya existen obligaciones legales en materia de representación de la plantilla en los órganos de dirección de las empresas en 18 de los 27 países europeos. Por ello, dijo que “ya hay ejemplos públicos y privados y no se ha roto nada”. En este punto, se refirió varias veces en su discurso al riesgo que ella atisba de que haya “titulares” que puedan alertar del anuncio realizado en materia de mejorar la democracia en el mundo laboral.

COMITÉS DE EMPRESA

Asimismo, puso en valor la labor que realizan los comités de empresa en España, pero aclaró que es “absolutamente insuficiente”, pues se les reconoce capacidad de información y consulta, pero incluso muchas veces les cuesta acceder a los datos necesarios.

También comentó que España no parte “de cero”, pues es referente en materia de economía social con fórmulas como las cooperativas y subrayó que las empresas con menos democracia suelen tener más conflictividad laboral, menos compromiso de los empleados y peor adaptación a las transiciones en marcha.

“Democratizar la empresa no es un freno a la productividad, es justamente lo contrario: es una palanca de modernización y de azuzar la productividad”, enfatizó Díaz, quien también recordó que hubo reticencias cuando el Gobierno aprobó por ley que hubiera paridad en los consejos de administración entre mujeres y hombres. Por todo ello, parafraseó al histórico sindicalista Marcelino Camacho, apuntando que “la democracia llegó a las instituciones, pero no al trabajo”.

PROPUESTAS

El informe entregado este lunes a Díaz se llevó a cabo con la participación de 21 especialistas en el transcurso de 16 reuniones. Entre las conclusiones, la responsable del grupo de especialistas, Isabelle Ferreras, señaló que España es de los países “menos desarrollados” del conjunto de la UE en lo que al reconocimiento de los trabajadores se refiere y explicó que 18 de los 27 Estados miembro ya permiten que los empleados puedan estar representados en los consejos de administración de las empresas.

Además, indicó que el 10% de la población más rica posee el 75% de activos en el país, lo que “evidencia que el acceso a la propiedad es una quimera para la inmensa mayoría de la ciudadanía española”. Igualmente, manifestó que un tercio de los propietarios empresariales españoles se jubilará en la próxima década, por lo que España necesita “un plan para conservar” sus activos productivos.

“No solo es una respuesta justificada constitucionalmente, sino también urgente para la resiliencia del tejido económico español”, añadió Ferreras, quien puso como ejemplo de buenas prácticas la fuerza de la economía social en España, en las que los trabajadores tienen un papel esencial.

Así las cosas, apuntó que la cogobernanza de los empleados resuelve desafíos como la continuidad del proyecto empresarial; la mejora de la calidad del empleo; la cogobernanza de la inteligencia artificial (IA) para que no sea un instrumento de “despotismo algorítmico; la lucha contra la despoblación, la desigualdad y el cambio climático.

Entre las medidas concretas, el estudio recoge iniciativas como que se establezca un nivel de clasificación en función de la democracia interna y que esto influya en la baremación de aspectos fiscales o para recibir ayudas públicas.

Aunque esta experta apostó por ir fortaleciendo las exigencias con los años, instó a comenzar por que las compañías con entre 50 y 1.000 empleados tengan un tercio de su consejo de administración como representantes de la plantilla, proporción que se debería elevar al 50% en aquellas organizaciones con plantillas con mas de un millar de personas.

Finalmente, plantea un derecho de veto sobre la incorporación de nuevos elementos de IA que no garanticen ecuanimidad en la gobernanza del trabajo de los empleados. Otras propuestas son que una empresa con beneficios no pueda deslocalizarse contra el criterio de la plantilla. “Es posible imaginar que dentro de un horizonte de 10 o de 15 años, la economía social, la economía española, progresará de forma duradera en el cumplimiento de las promesas constitucionales, volviéndose más fuerte, resiliente y sostenible para todas las personas”, concluyó Ferreras.