Así se pronunció Díaz en una entrevista en RNE, recogida por Servimedia, en la que añadió que los 539.000 nuevos afiliados de 2023 y la reducción de paro en 130.000 personas llevan a “la cifra más baja de paro desde 2007”.

La ministra de Trabajo considera que “a pesar de los tiempos de incertidumbre, las guerras y una crisis de inflación sin precedentes”, estos datos son “muy positivos” e indican que el Gobierno va “en la dirección correcta". Añadió que se trata también de la cifra “más baja de paro juvenil en toda la serie histórica” y uno de los índices más bajos de mujeres en paro desde el año 2008.

Sin embargo, Díaz respondió que “hay que ser prudentes”, al ser preguntada por si calificaría 2023 como un “año histórico”, como hizo la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Díaz destacó también como "muy positivos" los niveles de protección social, "que superan el 71%". “Esto es muy importante para tener una sociedad democrática robusta igualitaria”, aseguró. Además, subrayó el superávit fiscal en el Servicio Público de Empleo de 5.500 millones de euros. En este sentido, Díaz valoró: "Esto indica que gestionamos mejor”.

TELEFÓNICA Y SMI

En cuanto a la firma del ERE de Telefónica, apuntó que “cambiamos la vieja autorización administrativa y ahora tenemos también un preaviso de seis meses, pero seguiremos modificando las normas”. En este sentido, indicó que 2024 “será el año de los derechos sociales de la reducción de la jornada laboral".

Aseguró también que a la vuelta de las fiestas navideñas se convocará la Mesa de Diálogo Social para tratar la subida del Salario Mínimo y adelantó que este año van a "entablar ya" la aprobación del Estatuto del Becario, pendiente desde la anterior legislatura, y van a emprender "por fin el año de la reducción de la jornada laboral".

“A pesar de todas las teorías neoliberales que nos decían que subir el salario mínimo era muy negativo, tenemos unos niveles de ocupación récord en nuestro país y seguiremos subiéndolo como una de las mejores medidas para luchar contra la desigualdad, la pobreza laboral” y para compensar las pérdidas de poder adquisitivo “que están sufriendo los trabajadores y trabajadoras”.