Así se manifestó Díaz durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados, después de que la pasada semana la Inspección impusiera una sanción a la empresa Glovo que, entre otros aspectos, denunciaba el uso de falsos autónomos y la obstrucción de la labor de investigación de la Inspección.

Sin citar a ninguna empresa en concreto, Díaz señaló que se ha actuado sobre dos empresas de reparto y que sobre una de ellas ya se ha girado el cobro de más de 120 millones. “La ‘ley rider’ se va a cumplir’. Estamos y vivimos en un Estado social y de derecho”, avisó.

“No vamos a parar. EL peso de la ley va a recaer sobre estas empresas”, añadió Díaz, quien reconoció que la mayoría de las compañías están cumpliendo la normativa. De hecho, subrayó que desde que se aprobó el texto legal la afiliación en el sector de reparto se ha incrementado sensiblemente.

En concreto, según detalló, se ha pasado de 3.400 asalariados a 12.074, lo que a su juicio prueba que "la ley está funcionando" y que la mayoría de las empresas "están cumpliendo con sus obligaciones".