La solicitud para retirar el busto del pasillo de entrada al Hemiciclo se fundamenta en la Ley de Memoria Democrática, en vigor desde octubre de 2022, que, según el texto presentado, "reconoce y garantiza, a través del conocimiento de la verdad, como un derecho de las víctimas, el establecimiento de un deber de memoria de los poderes públicos, para evitar la repetición de cualquier forma de vulneración de Derechos fundamentales".

Los firmantes recuerdan "los trágicos sucesos del 3 de marzo de 1976", la llamada masacre de Vitoria, cuando la policía tiroteó a cinco trabajadores en el desalojo de la iglesia de San Francisco del barrio de Zaramaga, donde se habían reunido representantes de los mismos durante una huelga general.

"Los sumarios fueron sobreseídos por la jurisdicción militar, y posteriores peticiones de responsabilidad civil a diferentes responsables policiales y políticos, tampoco fueron atendidas. En consecuencia, las responsabilidades siguen sin ser depuradas", denuncia la solicitud, recordando que Fraga era entonces vicepresidente segundo del Gobierno para Asuntos de Interior.