Así consta en el informe anual de la actividad de la institución en 2025 que el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, registró este martes en las Cortes Generales y entregó a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.

Las personas gitanas acuden a esta institución por asuntos “muy diversos” y “solo en algunos casos esa condición puede inferirse o se hace patente”, según el documento y se registran quejas de personas gitanas por las dificultades de acceso a determinados servicios esenciales en infraviviendas o por los criterios de asignación de espacios en algunos mercadillos municipales, asunto este último que experimentó años atrás un “cierto crecimiento” en el contexto de las medidas contra la covid-19.

“Lógicamente, entre los casos en que la condición de gitano o gitana tiene la mayor relevancia están las quejas que aluden a problemas encuadrables en el antigitanismo, una forma de racismo estructural que requiere de un enfoque específico”, según el informe, en el que la institución recuerda que, en anteriores entregas, ha ido “constatando” también los “importantes avances” producidos en el desarrollo de la legislación antidiscriminatoria, destacándose la adopción de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.

Con relación a esta norma, la institución estima que, “dado su carácter extensivo y transversal”, constituye una “valiosa herramienta para la garantía del derecho constitucional a la igualdad de trato”. “A través de esa ley, las personas gitanas cuentan también con recursos adicionales para satisfacer sus reivindicaciones y una nueva institución con competencias en materia de asistencia, mediación y representación judicial, la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la no Discriminación”, abundó.

Tras indicar que mantiene un “contacto fluido” con dicho organismo desde la fase de inicio de su actividad en la que se encuentra actualmente, la institución avanzó que 2026 “será crucial” para ir “determinando” la “capacidad de impacto” de este nuevo organismo en materias como la recogida de datos, la formación y especialización de las administraciones competentes en derecho antidiscriminatorio, la mejora en los mecanismos de control establecidos por el ordenamiento jurídico y, singularmente, en el ejercicio de la potestad sancionadora, destinada a reprender conductas ilícitas y disuadir de su comisión.

Asimismo, en la referida norma legal se procedió a la modificación del Código Penal, para incluir explícitamente, entre los motivos que pueden dar lugar a la aparición de un delito de odio, el antigitanismo y también se estableció una fiscalía especializada contra los delitos de odio y discriminación con categoría de Fiscal de Sala, operativa desde el segundo semestre de 2023.

El Defensor del Pueblo ha señalado también la importancia de las estadísticas como elementos fundamentales para detectar la discriminación estructural y destacó el “avance” que va a suponer la inclusión de una nueva variable en la recogida de datos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el año 2026.

En cuanto a políticas públicas de inclusión, subrayó que en la última década han “aumentado” también las políticas públicas que promueven la inclusión y la reducción de las brechas a las que las personas gitanas se enfrentan en el ejercicio de sus derechos en materias como la educación, el empleo, la vivienda o la salud y que las “continúa supervisando”.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Por lo que respecta a las mujeres gitanas víctimas de violencia de género, su protección ha sido también objeto de una Recomendación del Defensor del Pueblo, dirigida a la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, para que se reforme el artículo 183.bis del Código Penal, con el objetivo de evitar cualquier posible interpretación o aplicación de la ley que pueda atenuar o eximir la responsabilidad penal de los autores de delitos de violencia de género, o contra la libertad sexual de la mujer, basada en sesgos culturales o étnicos que de hecho limiten la integridad o la libertad sexual de la mujer.

Igualmente recomendaba que se “refuerce” la necesidad de prueba de la existencia del consentimiento libre para las relaciones sexuales de la mujer menor de 16 años, independientemente de las circunstancias personales o sociales que concurran en la mujer víctima.

En el área educativa, se han iniciado actuaciones de oficio ante el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y ante las administraciones autonómicas, con la finalidad de obtener información sobre las actuaciones realizadas para alcanzar los objetivos en educación fijados en la Estrategia para la Igualdad, Inclusión y Participación del Pueblo Gitano 2021-2030 y en las estrategias o planes autonómicos.

En paralelo, advirtió de que “persisten, sin embargo, altas tasas de absentismo escolar, los bajos porcentajes de titulación en la ESO y la brecha de género”. “Parece necesario que las administraciones educativas realicen una reflexión conjunta acerca de la pertinencia de contar con mayor información que, en el marco de la evaluación de las políticas públicas, permita una mejor aproximación a los resultados de las medidas de apoyo dirigidas al alumnado gitano en situación de vulnerabilidad educativa, que sirva de orientación para un desarrollo más eficaz de las estrategias para superar la brecha educativa existente entre este colectivo y el resto del alumnado”, apostilló.

Por otra parte, recordó que la segregación y la concentración del alumnado gitano en centros escolares “es una realidad que viene siendo denunciada por las asociaciones”. “Cataluña es sin duda la comunidad autónoma que avanza de una forma más decidida en la realización de políticas dirigidas a evitar la segregación escolar”, añadió.

En cuanto a políticas activas de empleo, hizo referencia al Primer Plan de mejora de la empleabilidad para la población gitana 2025-2028, aprobado en junio de 2025 por el Consejo de Ministros, convencido de que es “un importante avance su puesta en marcha”.

El seguimiento de dicha estrategia y de la consecución de sus objetivos es una de las tareas de esta institución mediante un “diálogo constante” con el grupo de trabajo de empleo del Consejo Estatal del Pueblo Gitano y el SEPE (Servicio Estatal de Empleo).

Por último, los estudios realizados hasta la fecha por distintas Administraciones públicas, instituciones y organismos revelan que existen asentamientos de chabolas en prácticamente todas las comunidades autónomas y el Defensor del Pueblo considera que la erradicación del chabolismo y la infravivienda debe convertirse en una “prioridad para el conjunto de las Administraciones públicas”, por lo que tiene en curso actuaciones de oficio con todas las consejerías competentes de las comunidades autónomas y con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, a fin de poder conocer las medidas adoptadas, con indicación de las previsiones temporales, para lograr el realojo de sus habitantes y el desmantelamiento de estos asentamientos.