Tal y como marca el artículo 86.2 de la Constitución, los reales decretos-leyes deben ser sometidos a debate y votación en el Congreso “en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación”, aunque estos, según el Reglamento del Congreso, deben ser días hábiles.

Esta semana, la Diputación Permanente incluye en su agenda una sesión para el próximo martes, cuyo único punto del día es la comparecencia del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, con motivo del accidente ferroviario en Toledo.

Por su parte, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, señaló, preguntada por la fecha del debate, que el Gobierno está "esperando" la decisión del Congreso y aseguró que comparecerán "cuando seamos citados".

Los decretos se publicaron en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 7 de octubre, por lo que la fecha límite, tras 30 días hábiles, sería el 13 de noviembre, precisamente el día que arranca la campaña electoral para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Los dos decretos son prácticamente idénticos a los dos que rechazó el Congreso el pasado 2 de octubre, con los votos en contra de PP, Vox y Junts, en el caso del primero, y de estos más el PNV en el caso del segundo, el de los ‘alquileres indefinidos’.

En la Diputación Permanente, sería suficiente con los votos del PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos para sumar 35 votos afirmativos, frente a los 34 que sumarían PP, Vox y Junts.

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, confirmó hace semanas que su formación votará a favor del primer decreto cuando se debata en la Diputación Permanente, lo que permitiría su convalidación si se mantienen el resto de apoyos, mientras que votará en contra del segundo.

La fórmula para aprobarlos ha sido criticada por el PP, que, a través de su portavoz nacional, Borja Sémper, la calificó de “disparate democrático”, al haber sido los textos rechazados por el Congreso apenas unos días antes de su nueva aprobación.

El primero de los decretos, el único que el Gobierno esperaba aprobar en el Congreso a principios de octubre, recuperaba buena parte de un paquete de actuaciones en materia de vivienda que llevaba meses negociando y estuvo cerca de salir adelante antes del verano.

PROTECCIÓN HASTA 2030

Así, este decreto incluye la protección hasta el 31 de diciembre de 2030 frente a los desahucios de personas vulnerables cuando no exista una alternativa habitacional y establece su suspensión obligatoria cuando los propietarios sean los denominados ‘fondos buitre’.

En materia de alquiler, congela hasta finales de 2027 las actualizaciones de los contratos cuya renta ya supere el límite máximo que les corresponda conforme al sistema estatal de índices de precios de referencia y limita al 2% la subida para el resto.

Asimismo, establece una prórroga extraordinaria de hasta dos años para los contratos que venzan antes del 31 de diciembre de 2028, una medida que, según cálculos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, puede alcanzar a cerca de 1,9 millones de contratos y beneficiar a unos cinco millones de personas.

La norma incorpora también medidas para restringir las compras especulativas de vivienda por parte de los denominados fondos buitre hasta el año 2030 y modifica la fiscalidad de las socimis con el objetivo de orientar parte de su actividad hacia la vivienda asequible.

Además, regula los contratos de temporada y por habitaciones para impedir que puedan utilizarse para eludir las protecciones establecidas para el alquiler residencial. A ello añade un IVA del 10% para los pisos turísticos.

10.000 MILLONES

El paquete contiene asimismo nuevas deducciones fiscales para los inquilinos con ingresos inferiores a aproximadamente 33.000 euros, junto a incentivos para los propietarios que reduzcan o moderen las rentas de sus viviendas.

Otra de las novedades es 'Tu Casa', una línea de préstamos públicos al 0% destinada a facilitar la compra de la primera vivienda a hogares que disponen de ingresos suficientes, pero carecen de los ahorros necesarios para cubrir la entrada de una hipoteca. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que esta línea dispondría de una partida de 10.000 millones de euros.

El decreto incluye igualmente medidas destinadas a ampliar el parque asequible, reforzar el modelo de Casa 47 e incorporar nuevos inmuebles al parque público. Además, reduce al 4% el IVA de la construcción de vivienda de promoción pública y vivienda protegida.

‘DECRETO MARICARMEN’

El segundo decreto, por su parte, pretende prolongar la permanencia de los inquilinos en sus viviendas cuando finalizan sus contratos con prórrogas de cinco o siete años y establece compensaciones si el propietario decide no renovarlos. Fue separado del primer decreto, para asegurar el apoyo al primero, algo que no ocurrió por el voto en contra de Junts.

La entrada en vigor de este decreto está prevista para el 15 de noviembre, según establece el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). No obstante, si los grupos mantienen las posiciones anunciadas, no obtendría los votos necesarios para ser convalidado en la Diputación Permanente, ya que el PNV ha avanzado que volverá a rechazarlo.

Su aprobación en primera instancia se vio marcada por el caso de la ya fallecida Maricarmen, y cuyo desahucio prendió la mecha de las movilizaciones por la vivienda que se suceden desde entonces y que han acabado provocando la convocatoria de una huelga general para el próximo 11 de noviembre.

El Sindicato de Inquilinas, que trató de frenar el desahucio y que protagoniza las protestas desde que empezaron, insistió en la aprobación del ‘decreto Maricarmen’. La organización buscaba la aprobación de ‘alquileres indefinidos’ y las indemnizaciones incluidas iban en esa línea.