La Diputación Foral de Guipúzcoa alega que la Comisión Europea interpreta erróneamente el concepto de ayuda de Estado contemplado en el Tratado, al considerar que el crédito fiscal previsto en la Norma Foral de Guipúzcoa constituye una medida de carácter selectivo (y por tanto ayuda estatal), cuando es, en realidad, una medida de carácter general que se aplica a todos los operaores económicos basándose en requisitos de carácter objetivo.

Por su parte, las diputaciones forales de Alava y Vizcaya han pedido al Tribunal de Primera Instancia que condene a la Comisión a pagar las costas y anular las decisiones adoptadas el 14 de julio de 1999, por las que califica esos créditos fiscales de ayuda de Estado.