En un encuentro con el sector asegurador organizado por el IESE, Álvarez justificó que la tasa a pagar por las entidades de 250 euros por reclamación que se presente es “un mecanismo razonable de financiación de servicios públicos especializados”.

Álvarez opinó que la nueva autoridad, pese a ser el cuarto supervisor, no lo es de carácter financiero y defendió su creación para adaptar el ámbito de las reclamaciones al entorno europeo.

El Gobierno dio luz verde el pasado mes de abril a la puesta en marcha de este organismo como un mecanismo alternativo a la vía judicial en las controversias que puedan surgir con entidades financieras y cuyas resoluciones “se dicten con celeridad, atendiendo a criterios uniformes y de carácter vinculante para las entidades financieras en reclamaciones inferiores a 20.000 euros”, según el texto del anteproyecto de ley.

Por otra parte, el director general de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Asuntos Económicos consideró necesario que el sector asegurador disponga de un supervisor y no dependa de la Dirección General de Seguros, cuyo presupuesto está “limitado”. Aunque admitió que es un proyecto “importante”, reconoció que “no es urgente”.

Sobre la ley para impulsar los planes de pensiones en el ámbito del empleo, Álvarez comentó que el sistema de planes de pensiones “no ha sido eficiente desde el punto de vista de la rentabilidad y los costes” y con el impulso de los ligados al empleo se intenta extender esta vía de ahorro a una mayor población “y ganar eficiencia”.

Si bien pidió “asumir” que los incentivos fiscales se han trasladado de los planes individuales a los colectivos, puntualizó que el ahorro individual está fiscalmente incentivado, por ejemplo, en las rentas vitalicias o en los seguros y cuentas de ahorro a largo plazo. “El ahorro individual y el régimen fiscal hay que verlo más allá de los planes individuales”, agregó.