Las reuniones de los órganos de dirección de ambos sindicatos se celebrarán en la sede de cada uno de ellos, aunque coincidirán en la hora, a las 11.

Tras la reunión de este lunes, CCOO y UGT pusieron de relieve que estaban “más cerca” de alcanzar un acuerdo, en medio del optimismo del Gobierno sobre las posibilidades de que finalmente se produzca este acuerdo bilateral.

No obstante, el Gobierno ya ha acordado el grueso de las medidas en el seno de la coalición (PSOE y Unidas Podemos), al tiempo que ha logrado el visto bueno de la Comisión Europea a la reforma.

Por su parte, CEOE rechaza el texto, al calificar su presidente, Antonio Garamendi, de “impuestazo al empleo” y denunciar que todavía no haya remitido el Ejecutivo una memoria económica y las proyecciones ligadas a la aplicación de las medidas contenidas en el texto.

La propuesta gubernamental incluye medidas como la subida de las bases máximas de cotización y la posibilidad de que los ciudadanos elijan dos períodos diferentes de cómputo de la pensión. Una de ellas será la vigente (los últimos 25 años de la carrera profesional), que los sindicatos y las fuerzas parlamentarias que apoyan la acción del Gobierno no querían ampliar.

La otra alternativa será un plazo de 29 años, eliminando los dos peores ejercicios de la vida laboral. Estas dos fórmulas coexistirán durante dos décadas y, a partir de 2043, la fórmula que sobrevivirá será la de 29 años.

BASES MÁXIMAS

Como medida para reforzar los ingresos, destaca la subida de las bases máximas que, entre 2024 y 2050 lo harán a un ritmo del 1,2% anual añadido a la inflación media de cada año calculada en noviembre. De su lado, las pensiones máximas se revalorizarán año a año con la cuantía anual del IPC más un incremento adicional de 0,0115 puntos acumulativos cada año hasta 2050.

Todo ello, según explicó Carlos Bravo, de CCOO, supondrá que las bases máximas aumentarán un 38% hasta 2050 y la pensión máxima un 38% en un plazo algo mayor. Aunque los sindicatos valoraron positivamente la medida, consideraron que hubiera sido mejor hacer un destope total.

Además, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que es una cotización añadida del 0,6% que entró en vigor este año para reforzar la ‘hucha de las pensiones’, y que para los trabajadores supone un coste de 0,1 puntos y para las empresas de 0,5, se va a incrementar. En primer término, pasa de estar vigente no solo hasta 2032, sino hasta 2050.

Igualmente, va a pasar de los 0,6 puntos porcentuales actuales a 1,2 puntos porcentuales en 2029, a un ritmo de una décima de subida por año para reforzar el sistema durante los años en los que puede haber una mayor tensión por la jubilación de la generación del ‘baby boom’.

La reforma recoge medidas para mejorar el tratamiento de las lagunas de cotizaciones y para reducir la brecha de género, que los sindicatos pidieron reforzar.

Igualmente, plantea una cuota de solidaridad para la parte del salario que en cada momento no cotice para el sistema de pensiones por exceder el máximo previsto. Este recargo será del 1% en 2025 e irá aumentando a un ritmo de 0,25 puntos por año hasta llegar al 6% en 2045.

Por ejemplo, a una persona que gane 500 euros por encima del tope máximo de cotización, sólo se le aplicaría la cuota de solidaridad por esos 500 euros y no por todo su salario, cotizando cinco euros adicionales en 2025.

La segunda fase de la reforma de pensiones forma parte de los hitos comprometidos con la Unión Europea en el despliegue del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la recepción del cuarto desembolso de los fondos europeos. El plazo comprometido con Bruselas para tener aprobada esta reforma acabó el 31 de diciembre de 2022, aunque el ministro Escrivá ha restado en reiteradas ocasiones gravedad a esta demora, alegando que ya se produjo también un retraso con la reforma del sistema de cotizaciones de autónomos el pasado verano.