Torres valoró de este modo, en declaraciones a Servimedia, la posibilidad de que en España se modifique la actual regulación del despido. Aunque Díaz ha precisado que no es algo en lo que se esté actuando en este momento en su Ministerio, sí ha defendido la necesidad de que en un despido se tengan en cuenta las circunstancias de cada persona, ya que, por ejemplo, según explicó, no afecta igual a una persona joven que a otra de más edad, con más dificultades para regresar al mercado laboral.

Además, UGT denunció al Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Sociales por el “bajo” coste del despido en España y hace pocas semanas que esta reclamación ha sido admitida a trámite.

“MI opinión en esto es que, al final, los 33 días van a tener que existir como una referencia sobre la que empezar a negociar”, indicó Torres, quien, eso sí, dijo que luego se “puede dar pie” a que cada despido se pacte “de una forma individualizada”, pero “tiene que haber unas bases mínimas” comunes.

En este sentido, el presidente de la Aedrh señaló que puede haber unas líneas que den “pautas” a los jueces sobre cuándo la indemnización de un despido es justa o no en función de factores como la experiencia, la edad o el puesto de trabajo.

FRENO AL CONTRATAR

Con todo, avisó de que estos cambios “pueden judicializar casi todos los despidos” y pueden afectar al mercado laboral al provocar “una cierta retención a la hora de contratar con cierta alegría” por parte de las empresas, ya que no van a poder tener previsión de cuánto les puede costar la finalización de la relación laboral con un empleado si se tuviera que dar esta circunstancia.

Torres también sostuvo que pueden verse perjudicados incluso los trabajadores, porque “algunos se verán beneficiados” pero otros sufrirán el incremento de la judicialización y de procesos negociadores.

Por otra parte, el presidente de la Aedrh avisó del “impacto negativo” en la parte financiera, ya que ahora los directores de Recursos Humanos de las empresas son “capaces” de hacer previsiones en los gastos, lo que se dificultaría enormemente. “Eso lo vamos a perder”, apostilló.

Finalmente, Torres se preguntó qué va a suceder con la parte fiscal de los despidos, ya que en la actualidad están exentas las indemnizaciones hasta los 33 días por año trabajado. “Si vamos a barra libre, ¿Cuánta va a ser la exención fiscal? Creo que va a generar bastante caos y dificultades”, reflexionó.