En declaraciones a Servimedia, Torres avisó de que “todo lo que se decide tiene sus consecuencias”, aunque también reconoció que “el mercado laboral es lo suficientemente flexible como para adaptarse a todo lo que se plantea”.

Eso sí, anticipó que “volver a incrementar los costes” a las empresas, incluido el despido, va a provocar una “retracción” en la contratación, mientras que cuando se redujeron los costes la misma se incrementó, en alusión a la reforma laboral de 2012.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, se mostró reiteradamente favorable a reformular la regulación del despido en España para que este tenga carácter “restaurativo” y las indemnizaciones puedan verse incrementadas en función de la situación de la persona: formación, edad, si tiene familia a cargo, etc.

Díaz recogió así el guante de los sindicatos que, primero UGT y luego CCOO, presentaron una demanda contra el Estado español por el “bajo coste” del despido. Desde UGT esperan que en los próximos meses se conozca la sentencia y que obligue a España a cambiar la legislación sobre esta materia, en línea con lo sucedido ya en Italia o Francia.

MÁS LITIGIOSIDAD

Pero para el director de la Aedrh, implantar “indemnizaciones por la vía subjetiva” hará “crecer la litigiosidad” y, “en una jurisprudencia como la laboral, que ya está bastante atascada, pues va a tener más atasco”.

Además, el responsable de esta organización de directivos de RRHH avisó de que la medida puede tener también un “coste fiscal” para las empresas y los empleados, por lo que generaría más ingresos para el Estado.

Por otra parte, Torres sostuvo que resarcir en ocasiones a los empleados por encima de la indemnización que marca la ley es una “cuestión resuelta” en Europa, puesto que la Justicia ha establecido ya que hay “casos muy concretos” en los que procede que la indemnización sea más alta “cuando se produce un perjuicio relativamente mayor”.

“Eso ya está previsto en la jurisprudencia española a través de unas sentencias que ya han ido estableciendo unas indemnizaciones, no por despido, sino por daños y perjuicios”, añadió Torres, que puso el ejemplo de un empleado que deja un puesto estable para irse a otra empresa y al poco tiempo es despedido en su nueva compañía.

“Sinceramente, casi veo más una medida fiscalizadora y reductora de la contratación que otra cosa”, aseveró Torres, quien criticó que se adopten medidas contrarias a la legislación laboral que “ya está asumida” por empresas y trabajadores.