Lo hicieron en el ‘Informe sobre Residencias Personas Mayores por Comunidades Autónomas’ en cuyas conclusiones se pone de manifiesto que tras el estancamiento del número de plazas residenciales en 2020 como consecuencia de la pandemia, en 2021 se produjo un incremento del 2%, con 7.766 más, hasta alcanzar las 397.443.

A pesar de ello, el déficit de plazas residenciales sigue en aumento, como consecuencia del incremento de personas mayores de 65 años. En ese sentido, si en 2014 faltaban 53.103 plazas para alcanzar la ratio del 5%, en el último año este déficit alcanza las 76.350.

Atendiendo a la demanda que existe actualmente sin atender, serían necesarias “no menos” de 35.000 plazas residenciales para las personas con dependencia severa (Grado II) o grandes dependientes (Grado III).

Los directores de Servicios Sociales subrayaron que, según los últimos datos oficiales, hay en lista de espera de ser atendidas 80.862 personas con Grado II y III y más de 60.000 pendientes de valorar, lo que eleva el número hasta las 140.862, de las cuales, aplicando los porcentajes actuales de personas atendidas, una de cada cuatro necesitaría un servicio residencial en plaza pública, concertada o en prestación económica vinculada a ese servicio.

Los territorios con mayor el mayor déficit de plazas son Andalucía (31.375) y la Comunidad Valenciana (23.485), mientras que en Castilla y León existe un exceso de plazas (17.503).

Por su parte, el 62,7% de las plazas residenciales de personas mayores son de financiación pública, un guarismo que ha ido aumentando ligeramente, pero que se ha estancado en los tres últimos años, hasta alcanzar una ratio de 2.63 plazas por cada cien personas mayores de 65 años.

Las comunidades con mayor cobertura de plazas de financiación pública son Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón; mientras que Canarias y la Comunidad Valenciana son las que tienen menos. La Comunidad de Madrid es el único territorio donde las plazas exclusivamente privadas tienen una cobertura mayor (2,53%) que las de financiación pública (1,83%).

Por último, los directores de Servicios Sociales denunciaron que el Gobierno no haya cumplido su compromiso de incluir los centros residenciales en el Plan Estadístico Nacional en 2022 tras el acuerdo que suscribió con el Instituto Nacional de Estadística (INE).

También reclamaron al Imserso que proponga al Consejo Territorial un acuerdo para fijar una ratio más adecuada a la sociedad actual, teniendo en cuenta que la media de edad de las personas mayores en residencias se sitúa en torno a los 85 años y no en los 65 años que se toman como referencia para calcular esta variable.