La misiva, dirigda a más de medio millar de empresarios, expone la situación "especialmente preocupante" de paro que afecta a los minusválidos aragoneses y recuerda que "a sus limitaciones físicas, psíquicas y sensoriales se unen otros aspectos de índole cultural: protección familiar, falta de autoestima, identificación social de minusvalía con enfermedad, etcétera, que pueden generar en algunas de estas personas una situación mucho más grave, que es la minusvalía psicosocial".

Labena subraya en su escrito que "la inegración laboral es el requisito necesario para conseguir la efectiva integración social del minusválido y superar las consecuencias apuntadas", al tiempo que ruega "se preste una especial atención a la contratación de estos trabajadores para alcanzar los mínimos legales que establece la legislación vigente o incrementarlos, si ya se cumplen".

El consejero asegura en la carta que "está perfectamente demostrado que el minusválido, ocupando un puesto de trabajo acorde con sus aptitudes, es un trabajadorcon un rendimiento igual o superior al resto" y recuerda que "existen beneficios en forma de subvenciones, bonificaciones de la cuota empresarial a la Seguridad Social y fiscales, para las empresas que realizan la contratación de discapacitados".

La Ley de Integración Social del Minusválido obliga a las empresas con más de 50 trabajadores fijos a emplear un número de personas discapacitadas igual o superior al 2 por ciento de sus plantillas.

Los demás países de la Unión Europea (UE) cuentan con dsposiciones similares, estableciendo normalmente porcentajes y obligaciones superiores a los fijados en España.