La disputa se inició por la recomendación de varios consistorios y gobiernos federales (landers) alemanes a las autoridades locales para que no comprasen productos con PVC. Aunque la comunicación no establecía su carácter obligatorio, Bolkestein cosidera que esta medida limita la libre circulación de productos fabricados con el polémico plástico.

A pesar de ello, la responsable comunitria de Medio Ambiente afirma que se trata de una decisión libre de comprar sólo productos no dañinos para el medio ambiente.

El titular de Mercado Interior ha solicitado que la Comisión actúe contra el gobierno de Berlín, por permitir que estos productos queden excluidos de sus mercados. Sin embargo, los responsables medioambientales de la UE insisten en que la recomendación es voluntaria, ya que depende de las posibilidades económicas de su aplicación y del acceso a productos sustitutorios.

La cntroversia surge al tiempo que ambas carteras comunitarias lanzaban la directiva sobre el PVC, que buscaba disminuir una producción perjudicial para la salud. Si la Comisión, que estudiará el caso tan pronto como finalice el receso veraniego, decide actuar contra Berlín, será la primera vez que el Ejecutivo actúe contra un Estado por desarrollar actuaciones protectoras del medio ambiente.