En un comunicado, ambas asociaciones advierten que “cuestionar sin fundamento la labor de los jueces solo incrementa la desconfianza y agrava la división” y añaden que “preservar la confianza en la Justicia es una obligación democrática de primer orden”.

AJFV y FJI hacen estas manifestaciones ante las declaraciones realizadas por distintos responsables políticos, incluidos miembros del Gobierno, a raíz de la condena del Fiscal General del Estado por parte del Tribunal Supremo y expresan su “profunda preocupación por el descrédito que tales manifestaciones suponen para el Poder Judicial y para quienes lo integran”.

“Cuestionar la imparcialidad de los jueces o insinuar motivaciones políticas en la actuación de los tribunales, alimenta un relato falso y muy dañino: el de que las resoluciones judiciales responden a afinidades ideológicas y no al análisis riguroso de los hechos y del Derecho aplicable”, dicen.

A su entender, mantener este relato no solo “carece de fundamento”, sino que supone un “riesgo real para la confianza” de la ciudadanía en la Justicia. Resulta especialmente “preocupante” que se hayan formulado valoraciones de alcance político cuando el contenido íntegro de la sentencia aún no se conoce, lo que hace “aún más improcedente cualquier intento de desacreditar la labor judicial”.

Estas asociaciones afirman que “las decisiones judiciales no se adoptan en función de afinidades políticas; los jueces resuelven conforme a derecho, sometidos exclusivamente al imperio de la ley, como establece el artículo 117.1 de la Constitución”. Señalan también que la existencia de votos particulares en las resoluciones judiciales es una muestra de la discrepancia jurídica y la riqueza técnica del sistema, “no de una división ideológica, y forma parte de la normalidad de cualquier órgano colegiado independiente”.

Recuerdan, además, que las resoluciones judiciales cuentan con garantías procesales suficientes y con vías legales de revisión, por lo que piden a los responsables públicos que sean “especialmente cuidadosos” a la hora de valorar decisiones judiciales. “La crítica jurídica forma parte del debate democrático, pero el descrédito institucional no”, aseguran estas asociaciones.

La AJFV y FJI concluyen que las insinuaciones de parcialidad o descalificaciones generalizadas procedentes de cargos públicos generan “una presión inaceptable sobre la función jurisdiccional y ponen en riesgo la separación de poderes”. Y recuerdan que la independencia judicial “no es un privilegio de los jueces; es una garantía para el ciudadano”, que tiene derecho a que sus conflictos sean resueltos por jueces imparciales, ajenos a intereses políticos, señalando que este tipo de declaraciones supone “un ataque directo a la independencia judicial y a la separación de poderes, principios esenciales del Estado de Derecho que rige en España y en el conjunto de la Unión Europea”.