Así lo indicó la organización en un comunicado. En el mismo, la EAPN reclamó la aprobación de políticas estructurales y advirtió que la pobreza se ha cronificado en España en la última década, alcanzado un suelo que no baja del 25% de la población desde 2014.

La Red celebró la aprobación del Plan Integral de Respuesta a la crisis de Oriente Medio aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que consta de 80 medidas y supondrá la movilización de 5.000 millones de euros para paliar los efectos económicos ante la guerra.

El segundo Decreto Ley incorpora medidas para paliar un agravamiento de la crisis de vivienda que atraviesa nuestro país. En concreto, se impulsa una congelación temporal de los precios del alquiler y la prórroga de dos años de los contratos de alquiler, pensada para los 600.000 contratos potencialmente afectados que se firmaron en 2021 y que expiran ahora, los cuales podrían registrar subidas muy fuertes al renovarse, señaló.

Aunque desde la EAPN valoraron positivamente estas medidas, alertaron de que una respuesta centrada únicamente en decisiones coyunturales no es suficiente para paliar unas cifras de pobreza y exclusión social que se han cronificado en la última década. Según el Avance de Resultados del XV Informe 'El Estado de la Pobreza' publicado en febrero por la Red, 12,6 millones de personas se encuentran atravesadas por esta problemática en España, recordaron.

Ante el previsible rechazo del Congreso de los Diputados a la convalidación del real decreto-ley que incorpora medidas en materia de vivienda, la entidad manifestó su "especial preocupación", ya que en su opinión las medidas contenidas en el mismo "ya eran urgentes antes de darse la actual coyuntura internacional por la guerra de Irán".

De hecho, argumentaron, las investigaciones de EAPN han constatado cómo el acceso a la vivienda se ha convertido en un factor clave de empobrecimiento en nuestro país: cuatro de cada 10 personas (43,6 %), que viven de alquiler a precio de mercado, se encuentran en riesgo de pobreza y/o exclusión social.

"Garantizar el derecho a la vivienda debe ser una prioridad central en cualquier plan anticrisis, como ya se hizo con el Escudo Social por la pandemia y la guerra en Ucrania. Un Escudo cuya renovación fue rechazada el pasado 26 de febrero, pese a haber sido una iniciativa clave en la protección de las personas en situación más vulnerable: solo en 2021, evitó que un millón y medio de personas entrara en situación de pobreza, según el XII Informe 'El Estado de la Pobreza’ de EAPN España", destacaron.

En este sentido, desde la Red pidieron "altura de miras" a las fuerzas parlamentarias a la hora de convalidar las medidas sobre vivienda, y reclamaron que se impulse de nuevo la moratoria antidesahucios a familias vulnerables que decayó con el Escudo Social.

Desde la Red subrayaron igualmente su preocupación por el impacto de la guerra en la cesta de la compra de las familias con menores ingresos y llamaron a los grupos parlamentarios a "retomar y consolidar" las medidas del Escudo Social incorporándolas como estructurales en el Pacto Estatal de Lucha contra la Pobreza "paralizado en la Cámara baja".