Así lo reivindicó en un comunicado en el que advirtió de que la caída del decreto “deja en el aire” instrumentos que “venían funcionando como escudo social para millones de personas en situación de vulnerabilidad”.

“Y lo más importante, medidas que se estaban consolidando como eficaces en la contención de los datos de pobreza”, añadió, al tiempo que urgió a todas las formaciones políticas a “priorizar los derechos y las necesidades de la ciudadanía frente a los bloqueos partidistas, en especial de su ciudadanía en situación de alta vulnerabilidad”, en un momento en el que la pobreza y la exclusión social “siguen afectando a una parte muy significativa de la población”.

En este contexto, la no convalidación del real decreto supone, a su entender, la caída de “medidas imprescindibles para contener situaciones de emergencia social, especialmente en ámbitos como la vivienda y la energía”.

VIVIENDA

Con respecto a la vivienda, la red estimó que la caída del real decreto ómnibus supone “un grave retroceso en la protección del derecho a la vivienda, en un contexto de emergencia residencial ampliamente documentada”.

“El texto rechazado incluía la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026 de la suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, una medida imprescindible para evitar que miles de familias en situación de vulnerabilidad perdieran sus hogares”, abundó, convencida de que la suspensión de los desahucios “ha demostrado ser una herramienta eficaz y jurídicamente viable, pero insuficiente si no se refuerza” y de que la no convalidación del decreto “mantiene a miles de familias en una situación de inseguridad extrema”.

“El derecho a la vivienda no puede quedar bloqueado por la confrontación política. Ninguna persona debería enfrentarse a un desalojo sin una alternativa digna”, subrayó EAPN-ES, que reclamó “retomar de forma urgente las medidas decaídas y avanzar hacia soluciones estructurales que garanticen este derecho fundamental”.

PENSIONES

En cuanto a la revalorización de las pensiones que contemplaba el texto, la red lo juzgó “esencial para preservar el poder adquisitivo de las personas mayores”, al entender que las pensiones “siguen siendo uno de los principales factores de contención de la pobreza, especialmente entre la población mayor, y cualquier retraso o bloqueo en su actualización incrementa la inseguridad económica”.

OTRAS MEDIDAS

El rechazo del decreto ómnibus supone también la caída de “medidas clave”, según la red, en empleo, Seguridad Social y fiscalidad que actuaban como mecanismos de contención de la pobreza e implica que las ayudas por daños personales causados por los incendios forestales de 2025 y por la dana de 2024 pierdan las exenciones fiscales previstas, incrementando la presión económica sobre hogares que ya han visto gravemente afectadas sus condiciones de vida.

En un contexto “marcado por la incertidumbre económica y social”, EAPN-ES destacó que la protección de la población más vulnerable “constituye una responsabilidad política y social compartida y ha de emerger como una prioridad”. La red recordó que las medidas incluidas en el real decreto son herramientas “necesarias y ya contrastadas” para garantizar derechos básicos y, “que lejos de su suspensión, se deben de desarrollar y mejorar en forma y alcance para hacer frente al reto de la pobreza”.

“Avanzar hacia un escudo social estable y estructural pasa por reforzar el papel redistributivo del Estado, consolidar políticas públicas de vivienda, empleo y protección social y situar la lucha contra la pobreza y la exclusión social como una prioridad transversal de todas las políticas”, resolvió.