Así lo reivindicó en un comunicado emitido coincidiendo con la votación, este jueves, en el Congreso de las medidas incluidas en el Real Decreto-ley ‘omnibús’ que fue rechazado por varios grupos parlamentarios hace un mes, que incluye, a su juicio, políticas de protección “clave” en ámbitos como vivienda, pobreza energética, empleo y fiscalidad.

Tras puntualizar que el rechazo del Real Decreto-ley ‘omnibús’ el 27 de enero “dejó en el aire instrumentos que han protegido de la pobreza a millones de personas durante las crisis de los últimos años”, como los ERTEs, la moratoria antidesahucios o la garantía de suministros para familias vulnerables, subrayó que esta segunda votación se llevará a cabo unas semanas después de conocerse los datos actualizados de pobreza y exclusión social en nuestro país, una problemática que afecta al 25,7% de la población en España, 12,6 millones de personas, según su Avance de Resultados del XVI Informe ‘El Estado de la Pobreza’.

“La cifra se mantiene estable respecto al año anterior (25,8%), pese al crecimiento económico y a las mejoras en el empleo, lo que revela una insuficiencia en el alcance y extensión de las medidas sociales vigentes, que en ningún caso pueden ser eliminadas en un contexto de cifras altas y persistentes”, apostilló, al tiempo que juzgó “muy preocupante” la tasa de pobreza infantil, que en 2024 fue la más alta de la Unión Europea, teniendo en cuenta que uno de cada tres niños, niñas y adolescentes está en riesgo de pobreza y/o exclusión social, esto es 2,7 millones.

ALTURA DE MIRAS

En este contexto, EAPN España exigió a los grupos parlamentarios “altura de miras” e instó no solo a aprobar los dos decretos que se someterán a votación, también a “mejorar y consolidar” las medidas incorporándolas como estructurales en el Pacto Estatal de Lucha contra la Pobreza, paralizado en la Cámara Baja, junto a políticas fiscales más redistributivas, garantizar el derecho a la vivienda y aprobar “de forma urgente” la prestación universal por crianza.

A su entender, la no convalidación del Escudo Social supondría la caída de medidas “imprescindibles para contener situaciones de emergencia, especialmente en ámbitos como la vivienda y la energía”.

Por ello, llamó a reforzar como estructurales estas políticas, demostrando así un “compromiso” en la lucha contra la pobreza y con el cumplimiento de los tratados internacionales ratificados por los diferentes Gobiernos en esta materia.

Una de las medidas cuya supervivencia más “preocupa” en la entidad es la moratoria de desahucios para familias vulnerables, cuya anulación supondrá “un grave retroceso en la protección del derecho a la vivienda, en un contexto de emergencia residencial creciente”, según la red, convencida de que la suspensión de los desahucios ha demostrado ser “una herramienta eficaz y jurídicamente viable, pero insuficiente si no se refuerza”.

En la misma línea, la red insistió en que la no convalidación del decreto “mantendría a miles de familias en una situación de inseguridad extrema”. “El derecho a la vivienda no puede quedar bloqueado por la confrontación política. Ninguna persona debería enfrentarse a un desalojo sin una alternativa digna”, apostilló, al tiempo que reclamó el refuerzo de los mecanismos del Estado y de las Administraciones para garantizar “de forma efectiva” una solución habitacional adecuada.

POBREZA ENERGÉTICA

En cuanto a las medidas del escudo social orientadas a luchar contra la pobreza energética, defendió que la extensión de los descuentos del bono social y de la prohibición de cortes de suministro resulta “imprescindible” para evitar una pérdida de cobertura que dejaría “desprotegidos a cientos de miles de hogares”. EAPN-ES ve “esencial” mantener este “escudo social energético” mientras se despliegan las medidas de la nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética aprobada el pasado 17 de febrero.

Por lo que respecta a las pensiones, su revalorización es una propuesta “esencial para preservar el poder adquisitivo de las personas mayores”, según la red, que también advirtió de que el rechazo del Real Decreto-ley del Escudo Social supondrá también la desaparición de medidas “clave” en materia de empleo, Seguridad Social y fiscalidad, que actuaban como “mecanismos de contención de la pobreza”.

Por último, criticó que el rechazo del decreto afectará a las ayudas aprobadas frente a los efectos de los incendios forestales de 2025 y de la dana, incrementándose la presión económica sobre hogares afectados “gravemente” por ambas crisis.

La red aseveró que las medidas incluidas en ambos decretos son “herramientas necesarias y ya contrastadas” para garantizar derechos básicos y, que “lejos de su suspensión, se deben de desarrollar y mejorar en forma y alcance para hacer frente al reto de la pobreza”.