El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. Según aseguró la ONG, el nuevo texto normativo pretende “poner freno” a las sentencias que declaran “nulos de pleno derecho” planteamientos urbanísticos por su ilegalidad. Además, señaló que “recorta la acción pública”, lo que implica el derecho de la ciudadanía a recurrir a los tribunales.

Asimismo, recalcó que esta modificación acota las cuestiones que podrán recurrirse y el plazo para ello, limitando a cuatro años el recurso indirecto que actualmente carece de límite temporal, e incidió en que se trata de “una de las más graves por la afección a un derecho ciudadano consolidado y por su dudosa constitucionalidad”.

Por último, Ecologistas en Acción lamentó que el actual Gobierno, en lugar de favorecer un cambio de modelo en el panorama urbanístico estatal, “opte por blindar los instrumentos de planeamiento ilegales frente a los recursos contencioso-administrativos y perpetúe el urbanismo como un negocio y no como un derecho ciudadano”.