Así se recoge en el informe ‘Banderas negras 2025’, presentado este martes en una rueda de prensa en Murcia por Cristóbal López, miembro del Área de Medio Marino de Ecologistas en Acción, y Pedro Luego, coordinador de esta organización en la región murciana.

Como cada año desde 2005, Ecologistas en Acción concede 48 ‘banderas negras’, dos por provincia y ciudad autónoma (una por contaminación y otra por una mala gestión ambiental), tras analizar cerca de 8.000 kilómetros de costas españolas. “Por desgracia, podrían ser muchas más las banderas”, apunta el informe.

Este estudio, que continúa con la metodología iniciada en 2016, se contrapone a las 749 ‘banderas azules’ concedidas este año por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), de ellas 642 en playas, 101 en puertos deportivos y 6 en embarcaciones turísticas sostenibles.

En general, 13 'banderas negras' son por urbanización en la costa e invasión del dominio público marítimo-terrestre; 12 por vertidos, deficiencias en los sistemas de saneamiento y graves problemas de depuración; nueve por afecciones a la biodiversidad; cinco por acumulación de basuras, plásticos y microplásticos en la costa; cuatro por obras portuarias o de defensa costera innecesarias o mal gestionadas; tres por contaminación química; una por daños al patrimonio histórico y cultural en el dominio público marítimo-terrestre, y otra por un proyecto de almacenamiento geológico de CO2 con graves daños ambientales y sociales.

APROPIACIÓN Y OCUPACIÓN

Esta vez, Ecologistas en Acción pone el foco en “la apropiación y ocupación del espacio público marítimo-terrestre” en el litoral español, “una práctica muy extendida por parte de particulares adinerados y sociedades mercantiles”, según el informe.

Es el caso de Eva Cárdenas, pareja de Feijóo, que tiene un chalé a pie de la playa de O Con en Moaña (Pontevedra) y quiso ampliar la ocupación y el aprovechamiento del arenal hasta 2037, algo rechazado recientemente por el Servicio Provincial de Costas de Pontevedera.

El informe indica que la superficie ocupada no es grande en comparación con otros casos, pero considera “muy relevante” que “el infractor consorte” sea Feijóo.

La Xunta de Galicia, gobernada por el PP, ha recibido recientemente las competencias en la gestión de los usos del litoral tras “un polémico y judicializado traspaso” desde Gobierno español, según el informe.

“Este ejemplo confirma que la oleada de reclamación de competencias en el litoral realizadas por las autonomías en los que gobierna el Partido Popular no tenía como fin hacer cumplir la Ley de Costas, sino perpetuar la ocupación y apropiación del espacio público realizada por una minoría acaudalada”, apunta el documento.

Otro caso de ‘bandera negra’ es para los propietarios de la urbanización privada en la isla de Toralla, en Vigo. “Consideran que toda la isla es de su propiedad y, con el consentimiento institucional, niegan el libre acceso tanto al litoral como al interior de la isla”, recalca el informe.

PRIVATIZACIÓN ENCUBIERTA

Ecologistas en Acción indica que, en otros casos, es la propia Administración pública de turno la que “privatiza encubiertamente un espacio público y otorga concesiones a empresas privadas para usos mercantiles que restringen el libre acceso a la población”.

Así, ha asignado ‘banderas negras’ por esa razón a los casos de Isla Pancha, en Ribadeo (Lugo), donde se hace un uso indebido del espacio porque pertenece a la Red Natura 2000; los aparcamientos que invaden el Parque Natural de las Dunas de Liencres y Costa Quebrada (Cantabria) y los chiringuitos en Andalucía que “cada vez invaden más” el dominio público marítimo-terrestre incluso con sótanos.

SOBREEXPLOTACIÓN TURÍSTICA

Por otro lado, la sobreexplotación turística, con sus resorts de lujo e instalaciones de ocio exclusivas, está detrás de usurpaciones de espacio público y suele ser constantemente señalado año tras año en el informe ‘Banderas negras’. Este año repite en Canarias la denuncia por la construcción del Hotel RIU Palace Tres Islas en las dunas de Corralejo, en La Oliva (Fuerteventura).

La costa andaluza también es objeto de apropiación indebida, con ejemplos como la ‘bandera negra’ para Costa de Trafalgar (Cádiz), el crecimiento urbanístico en zonas inundables con destrucción de hábitats en el humedal del Salar de los Canos (Almería) o la presión urbanística en la playa tarifeña de Los Lances (Cádiz).

El informe apunta que Cataluña resulta ser la región con más presión urbanística en el litoral. De hecho, los pocos espacios naturales que quedan son objeto de proyectos mercantiles, como el pinar de la playa de La Farella o la parte final del río Rec d'en Feliu (ambos en Girona), donde el plan del gobierno municipal de Llançà pretende urbanizar estos terrenos, pese a ser zona inundable y de alto valor ambiental en el umbral del Parque Natural de Cap de Creus.

DANA

El informe también pone el foco en el crecimiento urbanístico en zonas inundables. Sus páginas abordan el caso de Valencia, que cuenta con banderas azules en “prácticamente todas las playas afectadas por los residuos” de la dana del pasado octubre, según el informe.

Ecologistas en Acción considera que estas banderas azules son una “grave irresponsabilidad, ya que no se han terminado las actuaciones de recuperación y limpieza de las playas valencianas”.