Ambas normas se encuentran ahora tramitación parlamentaria en el Parlamento de Andalucía tras ser remitidos a la Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente para su tramitación por el procedimiento de urgencia.

Las organizaciones mencionadas consideraron que esta forma de tramitación “acelerada” impide el “debate necesario” que debe preceder la aprobación de normas de gran impacto territorial, ecológico y social.

En el caso de la Ley de Montes, mostraron su preocupación de que su redactado permita descatalogaciones, ocupaciones prolongadas y cambios de uso del suelo que reducen la protección histórica del patrimonio forestal público y a procesos de privatización funcional, o a permitir usos incompatibles con las funciones ecológicas del monte.

Además, la norma no incorpora “con ambición” los avances esenciales necesarios en materia de prevención estructural de incendios, de restauración ecológica, de protección de bosques maduros o de conectividad ecológica, todos ellos elementos clave en un escenario de mayor riesgo climático y creciente vulnerabilidad de los montes andaluces.

“REDUCCIÓN DRÁSTICA”

En cuanto a la Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía, las organizaciones advirtieron de que algunos de los planteamientos que incorpora implican una “reducción drástica” del alcance y rigor del sistema de control y prevención ambiental.

Así, tanto la denominada Autorización Ambiental Simplificada como la ampliación de procedimientos abreviados suponen una disminución de evaluaciones completas, lo que abre la puerta a la externalización de funciones esenciales de control e inspección ambiental.

“Tales cambios pueden comprometer la capacidad de la Administración para garantizar los niveles adecuados de protección en ámbitos especialmente sensibles, como el agua, la biodiversidad o la evaluación de impacto, además de alejarse de los principios de precaución, de prevención, y no deterioro exigidos por la normativa estatal y europea”, apuntaron.

GESTIÓN FORESTAL

Asimismo, las organizaciones recordaron que muchos montes públicos andaluces son de titularidad municipal y que, sin apoyo técnico y financiero suficiente -lo que no está previsto adecuadamente en el texto actual-, será “difícil” garantizar una gestión forestal efectiva a escala local.

En conjunto, apuntaron que las propuestas normativas contribuirán a dibujar un escenario de “preocupante desregulación” y de “regresión” del control ambiental, que se verá “agravado” por la tramitación acelerada de dos leyes complejas y de largo alcance.