Esas entidades criticaron la “inacción” del Gobierno para hacer frente a este “grave problema”, que resulta “totalmente incoherente” con las declaraciones y adhesiones de España a planes internacionales para reducir la liberación de metano a la atmósfera, como el Compromiso Mundial sobre el Metano y las normativas de la UE.

Pese a la contribución del metano al conjunto de las emisiones españolas de gases de efecto invernadero, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 no plantea ningún objetivo de reducción de estas emisiones. Además, España lleva retraso en la aplicación del Reglamento de Metano de la UE.

‘FRACKING’

La Agencia Internacional de Energía (AIE) reveló la semana pasada en su informe anual sobre fugas de metano que con medidas de reducción ya disponibles en el sector energético podrían recuperarse hasta 200.000 millones de metros cúbicos de gas fósil anualmente, el doble del suministro en riesgo por el cierre del Estrecho de Ormuz.

Llegar a esta reducción de emisiones requiere que cada país asuma su parte. “España no explota sus propios recursos de hidrocarburos, pero tiene una responsabilidad sobre sus importaciones de gas y petróleo”, según las organizaciones ambientales.

De hecho, el reglamento de la UE sobre el metano pide a los operadores europeos medir sus emisiones y, a partir de 2027, exigirá también a los importadores demostrar cuánto metano se ha emitido para producir el gas y petróleo que introducen en el mercado europeo.

España es una de las principales puertas de entrada de gas de Europa y las fugas de metano asociadas a la cadena de valor se han triplicado en 2025, según el último informe de Fundación Renovables y Clean Air Task Force (CATF).

El otro “punto ciego” de la lucha contra el metano de España tiene que ver con el ‘fracking’, según las entidades ecologistas. Las leyes españolas prohíben esta práctica de fractura hidráulica por su impacto ambiental y las emisiones de metano asociadas.

Sin embargo, España sigue aumentando las importaciones de cantidades de hidrocarburos extraídos en terceros países, como Estados Unidos, a través del ‘fracking’. “·s crucial que también se prohíba la compra de gas y petróleo que haya sido explotado de esta forma tan nociva para el planeta”, indicaron las ONG ecologistas.

“FALTA DE ACCIÓN”

La Secretaría de Estado de Medio Ambiente es el departamento que, dentro del Gobierno de España, debe liderar el trabajo para poner en marcha un Plan Nacional de Reducción de Emisiones de Metano en todos los sectores emisores de este gas.

El objetivo de reducción de las emisiones netas de metano para cada uno de esos sectores debería ser de un 45% con respecto a los niveles de 2020 de aquí a 2030, en consonancia con los requerimientos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC, por sus siglas en inglés), según las organizaciones ecologistas.

Mighty Earth, Greenpeace, Fundación Renovables, Ecologistas en Acción y Ecodes, tras haber mantenido reuniones al respecto con todos los demás departamentos ministeriales implicados en esta materia, enviaron una carta a Sara Aagesen, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ante la “falta de acción” de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.

“Queremos solicitarle la creación de un grupo de trabajo en el que los ministerios responsables, junto con todas las partes interesadas de la sociedad civil, la comunidad científica y el sector privado, puedan trabajar conjuntamente, alinear posturas y concretar medidas que permitan avanzar eficazmente en la reducción de las emisiones de metano, al tiempo que favorezcan la adopción de soluciones realmente eficaces para afrontar este problema”, concluyeron.