Así lo sugieren las principales organizaciones ambientales de España, que este jueves presentaron en Madrid la campaña ‘Yo apoyo la casa común’, un documento de propuestas para los partidos políticos con vistas a las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo.

“Las multas que va a tener que pagar el Reino de España van a ser multimillonarias”, aventuró Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife, quien calificó de “despropósito” la iniciativa impulsada por el PP y Vox en el Parlamento andaluz.

Ruiz comentó que, con ello, “van a pagar justos por pecadores” porque, además, la propuesta supone un “descrédito” para la agricultura de frutos rojos en Doñana.

El secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, comentó que la Junta de Andalucía es consciente de que la proposición de ley “perjudica” Doñana, pero prefiere “conquistar los votos” de agricultores “ilegales” y de los ciudadanos en cinco municipios del Condado de Huelva ((Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado).

“No han calibrado el impacto de esa maniobra electoral”, indicó, antes de añadir que la Comisión Europea analiza este asunto con “una maquinaria cuyo curso es lento, pero cuando se pone en marcha no se para”. “Si esto sigue así, sin duda acabarán llegando sanciones”, dijo.

Por último, Luis Rico, coordinador de Ecologistas en Acción, subrayó que la intención del PP y Vox de ampliar los regadíos en Doñana puede suponer “movilizaciones” de ciudadanos contra esa iniciativa.