El anteproyecto distingue entre los "instrumentos de carácter financiero" destinados a la internacionalización de la empresa española y a salvar las alteraciones que afectan a la posición deudora de España mediante créditos confesionales, que gestionaría la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía, y los "instrumentos crediticios destinados a la lucha contra la pobreza", que administrarían conjuntamente Comercio y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). "Ha quedado clara en el anteproyecto una distinción importante entre los instrumentos destinados a la internacionalización de la empresa española e instrumentos crediticios destinados a la lucha contra la pobreza. Esta distinción, afecte o no a la posición deudora de España, supone un avance importante en el incremento de la ayuda humanitaria", señaló Villalonga.

El secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica calificó de "situación anómala y excesiva" que España sea e país de la OCDE donde la Ayuda Oficial al Desarrollo está más vinculada al comercio (esta secretaría de Estado gestiona el 59 por ciento de la AOD española).

"En todos los países de la OCDE, los ministerios de Economía gestionan recursos importantes, alrededor de un tercio o algo más, pero un 60 por ciento, como tenemos en España, es excesivo", indicó Villalonga.

12 DECRETOS

Aunque la Ley de Cooperación Internacional no estará aprobada antes de finales de este año, el Gobierno tiene redactadosya 12 reales decretos relacionados con aspectos derivados de la ley, como son el Estatuto del Voluntariado, el futuro papel del actual Consejo de Cooperación, la regulación que regirá la Comisión Interministerial de Cooperación para el Desarrollo y un Registro de Organizaciones No Gubernamentales que controle la actividad humanitaria que no gestiona directamente el Gobierno.

Sobre la tramitación del proyecto de ley en el Parlamento, el secretario de Estado defendió que "es una ley de consenso, muy traajada, y recoge elementos de un anteproyecto de la anterior Administración y de las propuestas de la Coordinadora de ONGs y los diferentes partidos políticos".

La futura ley marcará los objetivos prioritarios de la cooperación española en planes directores plurianuales de cuatro años, que establecerá las líneas básicas de la cooperación española, y planes anuales, que deberán establecer las Cortes.

Las áreas prioritarias de la cooperación española seguirán centradas en los países latinoamericanos norte de Africa, Oriente Medio y otras con los que España mantiene vínculos históricos y culturales, como Filipinas, Guinea Ecuatorial y el Sáhara Occidental.