“Desde este ministerio, hemos tendido la mano a todas las partes implicadas para simplificar el procedimiento y facilitar la puesta en marcha de una actuación que, sin duda, supondrá un enorme avance en los derechos de miles de jóvenes de nuestro país”, destacó Sanz.

La medida, diseñada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2024, tras el vencimiento de la moratoria de tres meses solicitada por las comunidades autónomas. La previsión es que 458.959 estudiantes de Formación Profesional se beneficien de esta iniciativa el próximo año.

Durante los últimos dos años, según el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, este departamento ha colaborado con Inclusión "para aportar su conocimiento sobre la realidad del sistema de Formación Profesional, la de los centros y la de las empresas". Según explicó el departamento que dirige Pilar Alegría, el procedimiento consiste en realizar un alta y una baja por estudiante, indicando el número de días al mes que desarrolle su formación en la empresa. El alta podrá efectuarse hasta diez días después del inicio de las prácticas. La liquidación tendrá carácter trimestral y la llevará a cabo cada administración autonómica.

COSTE

En cuanto al coste, Seguridad Social bonificará el 95% de las cotizaciones y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes financiará el 5% restante en 2024. El gasto medio por estudiante que deberán asumir las comunidades autónomas a partir de 2025 será de en torno a 18 euros al año, como avanzó Servimedia.

El encuentro de este jueves, al que también asistió el director general de la TGSS, Andrés Harto, se produce tras la celebración de cerca de dos centenares de reuniones entre representantes de la Tesorería General y de las administraciones autonómicas, según ha informado el propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.