En virtud de esta ley orgánica, que fue aporbada hoy por la Cámara alta, las comunidades de Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Baleares y Madrid quedan equiparadas en líneas generales con las comunidades del artículo 151, excepto en sanidad.

El traspaso de u total de 32 competencias y cerca de 200.000 funcionarios durará previsiblemente toda la legislatura autonómica y, en algunos aspectos, como educación, la sobrepasará, según manifestó el ministro.

La Ley convierte en norma de obligado cumplimiento la primera parte de los acuerdos autonómicos firmados entre Partido Socialista y Partido Popular el 28 de febrero de 1992 y obligará a reformar los estatutos de autonomía para incorporarla. "En este momento, ya sabemos cuál va a ser la distribución territoril del poder político", subrayó Eguiagaray.

La ley deja, sin embargo, abierta la situación jurídica de las ciudades de Ceuta y Melilla. Una cuestión "tan fundamental, desde la perspectiva de los intereses del Estado y de los ciudadanos de Ceuta y Melilla, que sigue siendo una irresponsabilidad el que se hagan planteamientos absolutamente unilaterales", señaló Eguiagaray en los pasillos del Senado.

Añadió que debe alcanzarse un acuerdo efectivo a nivel de Estado sobre esta cuestión.

Sobre la cmposición del Comité de Regiones, previsto en los acuerdos de Maastricht, el Ministerio de Administraciones Públicas "está buscando un acuerdo" para el modo de cubrir los 21 puestos que tiene nuestro país entre representantes de ayuntamientos y autonomías, afirmó el ministro.

Asimismo, abogó porque el proceso de descentralización se vea completado con la progresiva transferencia de muchos servicios y áreas desde las comunidades autónomas a las corporaciones locales.

La forma de este traspaso seráobjeto de un debate que posiblemente, indicó el ministro, no se resolverá en los mismos términos que el pacto autonómico.

"Un acuerdo entre partidos puede ayudar", señaló, "pero estamos ante un proceso en el que las cosas no se plantean de la misma manera en el ámbito de cada comunidad autónoma y, en consecuencia, tendrá que haber un posicionamiento también de las instituciones de cada una de las comunidades autónomas, puesto que tienen que ser ellas fundamentalmente quienes tienen que llevar a cabo e proceso de descentralización a partir de competencias que en este momento son suyas".

COLABORACION ENTRE ADMINISTRACIONES

Juan Manuel Eguiagaray realizó ante el pleno un llamamiento a la cooperación entre las administraciones central y autonómicas.

La armonía entre las instancias centrales del Estado y los entes territoriales depende, según el ministro, "de la actitud que a partir de ahora constantemente adopten los distintos poderes públicos, depende de que hagamos del principio de cooperació interinstitucional la clave de bóveda de todo el Estado de las autonomías para que éste sea, no solamente un Estado descentralizado, que ya lo es, sino al mismo tiempo un estado que funcione cada día con más eficacia y que produzca los resultados en términos de bienestary satisfacción social que los ciudadanos han puesto en la idea descentralizadora que está en el título VIII de la Constitución".

El ministro invitó a los senadores "al análisis, control y verificación de todo el esquema de cooperacin territorial que con este proyecto de ley, mas con los distintos mecanismos de interrelación entre instituciones, se han ido poniendo en marcha".

Asimismo, la Cámara rechazó dos propuestas de veto a la ley orgánica presentadas por los representantes del Partido Aragonés Regionalista (PAR) y el Centro Democrático y Social (CDS).

El senador Valentín Calvo Lou, del PAR, manifestó que la comunidad aragonesa quiere las mismas competencias que las autonomías del 151. "Aragón no quiere esta España de ds velocidades", señaló.

Por su parte, el senador Alberto Dorrego González, del CDS, afirmó que "esta ley va contra los principios fundamentales que, para nosotros, debe informar el proceso autonómico"."Siguen ustedes pensando que el proceso autonómico tiene que ser tutelado; para nosotros, el hecho autonómico es un proceso dinámico", indicó.

El senador del CDS señaló: "Creo que tanto el PSOE como el PP han afrentado la dignidad de algunos pueblos de España, entre ellos del mío, el castellano-leons".

Más tarde, el senador del PP Alberto Ruiz Gallardón respondió a Dorrego González que quienes afrentan la dignidad de los pueblos son "aquellos que anteponen sus intereses electorales a los intereses de los ciudadanos".