A juicio de la itada coordinadora, la ley debería establecer las líneas generales de una política de cooperación y el marco de actuación y las relaciones de los diferentes organismos que participan en estas labores.

En los que se refiere a las ONG para el desarrollo consideran que deberían estar reguladas por esta ley aspectos relativos a su fiscalidad, estatuto de cooperante, su participación a la hora de definir políticas generales de cooperación y la presencia comunitaria de la cooperación española.

Igualmene, piden la creación de un consejo de cooperación en el que estén representados todos los agentes de coperación.