Así lo señala esta plataforma, en la que participan también la Asociación de Comercializadores de Energía Eléctrica (Acenel), la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE), la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) y la confederación de consumidores Consumes.

Según este observatorio, el coste de los servicios de ajuste vinculados a la operación reforzada alcanzan en lo que va de año los 1.800 millones de euros, cifra muy superior a la publicada por Red Eléctrica. “Todo ello se traduce en una señal de precios distorsionada, que encarece el suministro

eléctrico y reduce la competitividad de la economía”, advierten.

Por ello, piden también que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) refuerce la fiscalización de estos costes y garantice la publicación de información detallada, periódica y accesible sobre los mismos.

Paralelamente, pide evaluar soluciones regulatorias que permitan asegurar una recuperación más estable vía costes regulados del sistema eléctrico de manera que se mantenga la financiación de los servicios necesarios, pero sin penalizar a la industria, logrando un equilibrio entre estabilidad de suministro y competitividad industrial.

Por último, exige la suspensión permanente del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica y del Impuesto Especial a la Electricidad.