La declaración fue rubricada por las 13 Cámaras de Comercio de Cataluña, Foment, Pimec, Cecot, FemCat, el Colegio de Economistas de Cataluña, el RACC, Barcelona Global y el Círculo de Economía, en la que piden “medidas ambiciosas” para mejorar “sustancialmente” el sistema de financiación territorial, bien a través de una “profunda reforma” del actual o bien con un nuevo sistema, ya sea un modelo federal o un pacto fiscal.

Para estas organizaciones, un modelo federal o un pacto fiscal “aseguraría que el nuevo sistema de financiación sea transparente y eficiente” y, acompañados de un mecanismo de solidaridad, “ambos sistemas serían beneficiosos para Cataluña y para el conjunto de las Comunidades Autónomas”.

Así, la declaración indica que el modelo federal redefiniría la capacidad normativa, de gestión, de recaudación e inspección de todas las comunidades. Además, este sistema permitiría al Estado y a las autonomías compartir las mismas bases imponibles.

“Es un modelo similar al de Estados Unidos, que permitiría a las comunidades disponer de forma directa y dentro del mismo ejercicio fiscal los ingresos que le corresponden. De este modo se mejoraría la robustez del sistema, se promovería una asignación eficiente de los recursos y una gestión más responsable por parte de todas las comunidades”, sostiene el texto acordado.

En su opinión, un pacto fiscal también permitiría avanzar hacia un modelo “más transparente” y aseguraría la “suficiencia financiera” de Cataluña. También subraya que la Generalitat administraría y recaudaría todos los tributos generados en el territorio y asumiría un poder normativo sobre estos similar al de Navarra y País Vasco.

Asimismo, las organizaciones empresariales avisan de que la reforma debe ser “amplia” para cubrir todas las necesidades y acabar con la confrontación política y la “polarización” que está generando el actual sistema. Pero aclaran que “sea cual sea el nuevo modelo de financiación que el conjunto de las fuerzas políticas inevitablemente tienen que acordar, se tienen que introducir mecanismos que garanticen el principio de lealtad institucional, y definir y blindar las competencias de cada administración”.

“Una de las principales fuentes de confusión y de conflicto entre las diferentes administraciones y fuerzas políticas recae en la falta de concreción y correspondencia entre las competencias legislativas en determinados ámbitos, y las competencias y responsabilidades de gasto””, abunda la declaración, que critica que medidas como el sistema de dependencia aprobado por el Estado redundó en un aumento importante del gasto para las comunidades. “Esta fuente de conflicto permanente y estéril se tiene que erradicar”, apuntala.

Pese a reconocer que los ciudadanos deben recibir servicios “similares” independientemente del lugar de residencia, el texto defiende que ninguna región debe perder “posiciones en el ranking una vez han operado los mecanismos de solidaridad”, al igual que se deben asignar los recursos teniendo en cuenta la diferencia del coste de vida entre territorios y la mayor densidad de población.

Finalmente, las organizaciones firmantes lamentan el hecho de que el Gobierno central haya dejado de publicar la distribución territorial de la inversión del sector público central y exigen que se vuelvan a difundir estos datos. Asimismo, reclaman que se haga pública toda la información necesaria para poder conocer las balanzas fiscales de todas las comunidades con el Estado.