Así lo expresaron en un diálogo con Servimedia el presidente de la Asociación de Empresas del Metal (Aecim), Luis Collado; el presidente de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval), Francisco Alonso, y el presidente de la Asociación Española de Normalización (UNE), Alfredo Bergés.

Collado señaló que hay muchos productos que están infringiendo normativas “desde el diseño del producto hasta la colocación en el mercado”, que incluyen normas laborales o de sostenibilidad que son obligatorias en Europa, pero no así en los países donde se producen.

“Estamos perdiendo competitividad precisamente por esta falta de vigilancia del mercado”, indicó, lamentando que en España existen casos de productos validados por un laboratorio que no existe. “No se verifica en la entrada de ese producto que cumpla con las normativas europeas y al final se coloca en el mercado”, explicó.

La consecuencia es el perjuicio a los consumidores españoles, poniendo de ejemplo un accidente en una residencia donde fallecieron cuatro personas a causa de un producto de mala calidad. Collado lamentó que esto ocurriese por una “dejadez de funciones” en la vigilancia del mercado.

En su opinión, esta cuestión es “fundamental en cualquier economía capitalista” para que los empresarios tengan garantías y más aún para las empresas que corren riesgos e incurren en gastos remedien "esos desfases de calidad de producto”.

CONCIENCIAR AL CONSUMIDOR

Desde el ámbito de la normalización, Bergés comentó que aquel que incumple una legislación no lo hace solo por un producto o un motivo, sino que “habitualmente el incumplidor no paga en plazo o intenta traer un producto más barato para beneficiarse de las condiciones del mercado”.

Bergés consideró que hay que concienciar al consumidor de que el precio no debe ser el único parámetro que se considere a la hora de hacer una compra. Puso como ejemplo los portales de compra online como lugares en los que se compran productos desconociendo muchos detalles sobre la seguridad y calidad.

Así, destacó que, en este caso, la inspección está en manos de las comunidades autónomas y en ocasiones los funcionarios responsables no pueden realizar este tipo de inspecciones porque carecen de una tarjeta de crédito.

OBSERVATORIO DE VIGILANCIA

Como respuesta, desde la UNE han puesto en marcha el Observatorio de Vigilancia del mercado, que ha encontrado una respuesta “muy favorable” de las comunidades autónomas.

Según su último informe anual, el año pasado se controlaron más de 43.000 partidas de productos industriales, incluyendo artículos destinados a la infancia, productos de ocio, bienes de consumo doméstico y materiales de uso profesional. El 97% de las inspecciones resultaron conformes a la normativa aplicable.

“Lo que queremos comprobar es que las condiciones de origen de ese producto sean las mismas. No estamos bloqueando a nadie, ni intentando hacer una especie de cártel”, resaltó, añadiendo que pretenden “poner en igualdad de condiciones a todos” y que no haya “competencia desleal por déficit en el cumplimiento de especificaciones”.