De esa cantidad, 2.702 millones correspondieron a indemnizaciones judiciales de despido en los casos en que no hubo acuerdo sobre las rescisiones de contratos en la instancia previa a los tribunales, los órganos medición y arbitraje del Ministerio de Trabajo.

Otros 3.288 millones correspondieron a indemnizaciones derivadas de conflictos como el impago de salarios o a la aplicación de sanciones consideradas indebidas por la parte reclamente.

Los 304 millones restantes se debieron a irreglaridades cometidas por las empresas en relación con la obligación de afiliación y cotización a la Seguridad Social, y a pagos por enfermedades y accidentes profesionales, entre otras cosas.