Así, ni la inflación (del 15% en los últimos tres años) ni hechos tan excepcionales como la guerra en Ucrania o la pandemia permiten reconsiderar los contratos, señaló esta plataforma de reciente creación, que mostró su “confianza” en establecer un diálogo con la Administración Central para actualizar el marco legal que permita a las empresas de servicios esenciales continuar siendo “motor económico y social en nuestro país”.

En este sentido, criticó que sean las empresas adjudicatarias quienes han de “cargar” con la crecida de los precios derivada de aumentos de costes laborales impuestos o modificaciones en los salarios.

El secretario general de alianzAS, Francisco Javier Sigüenza, destacó que “desde que se aprobó la Ley de Desindexación en 2015, el Salario Mínimo Interprofesional ha subido un 75%. A este hecho se suman costes derivados de las obligaciones laborales fijados por los convenios colectivos o la normativa laboral básica”. Esas medidas, indica, “benefician a diversas categorías de trabajadores, pero suponen un gran riesgo que sean asumidas en exclusividad por parte de las empresas adjudicatarias cuyos contratos hayan sido iniciados antes de la aprobación de dicha medida”.

Estas empresas también resaltaron que la actual legislación les perjudica en un contexto en el que los contratos se pueden incluso prorrogar unilateralmente por parte de la Administración, estando vigentes muchos años. Adicionalmente, el sector denunció un “agravio comparativo” con respecto a otros, como el de obra pública, donde sí se ha producido un diálogo que ha posibilitado la revisión de precios.

“Como resultado de ello, muchas empresas se ven obligadas a renunciar a contratos que ya habían obtenido o que incluso ya están ejecutándose. Asimismo, otra consecuencia grave son los concursos de adjudicación que quedan desiertos: el 29% en 2022, 11 puntos más que en 2019, según la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación”, añadió alianzas.

Ante esta situación, pidió la revisión “periódica no predeterminada o no periódica” de los precios de los contratos públicos ante cambios normativos, acuerdos de negociación colectiva, variaciones o alteraciones de los costes de precios regulados por normativa estatal. También ante el aumento de costes laborales una vez la adjudicación ya se está ejecutando.

Cabe recordar que este fue también uno de los principales argumentos que esgrimió la CEOE para no apoyar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y no tanto la cantidad que se iba a elevar si hubiera habido acuerdo tripartito con Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT.