Según informó este martes el Instituto Armado, los investigados en la ‘Operación Guatlla’ ofrecían a cazadores la llamada codorniz japonesa, que es más lenta que la autóctona y por ello más agradecida para las actividades cinegéticas.

Se han llevado a cabo actuaciones en varias empresas productoras de codorniz, intermediarios y cotos de caza, con más de 114 inspecciones. Cerca del 90% de las muestras tomadas fueron positivas, dando como resultado que se trataban de especímenes de codorniz japonesa o híbridos de la misma.

Durante la operación, desarrollada durante dos años, se ha conseguido demostrar la comercialización por parte de diversas empresas de ejemplares pertenecientes a la especie codorniz japonesa (coturnix japonica).

ESPECIE INVASORA

Si bien la cría y comercialización de esta variedad de cordoniz está permitida para la venta destinada al consumo humano, se ha descubierto que estas empresas disponían de una línea paralela de producción cuyo destino era la suelta y liberación en cotos de caza y cotos de caza intensivos durante las actividades cinegéticas, actividad prohibida al tratarse de una especie exótica invasora.

Sólo durante el periodo transcurrido entre enero de 2019 y septiembre de 2021, se ha podido acreditar que habrían sido comercializados más de 560.000 especímenes de codorniz criadas en las empresas investigadas, cuyo destino final sería la suelta y liberación en el medio natural con fines cinegéticos.

La especie autóctona de la codorniz común (Coturnix coturnix) es muy apreciada para la actividad cinegética. Sin embargo, la codorniz japonesa, especie comercializada y distribuida por estas empresas en todo el territorio nacional, resulta ser hasta 10 veces más productiva y con características morfológicas muy parecidas, si bien se comportan de forma muy distinta en el medio, siendo estas más pesadas y con menos movilidad y, por tanto, más fáciles de cazar.

Las principales empresas productoras de codornices tenían un verdadero departamento de I + D en el que favorecían la hibridación de especies para que no fueran detectadas por los compradores, lo que podría suponer además un fraude a los consumidores quienes creían que adquirían la codorniz nacional.