Apelando a la Ley de Transparencia, las entidades de la Iglesia madrileña enviaron el 8 de enero una carta al registro de dichas administraciones, solicitando una respuesta ante estas dos cuestiones: "¿Cuál es el plan previsto por su administración a nivel político -y práctico, concreto- para resolver la situación actual de colapso de los servicios sociales de emergencia y de atención a personas migrantes en el ámbito de la Comunidad de Madrid y de la ciudad de Madrid en particular? ¿Cuáles están siendo las acciones que desde su administración se están haciendo para coordinar con el resto de las administraciones y con el tercer sector y la sociedad civil?".

Según subrayó la Mesa en un comunicado, "vinculado con el incremento de las entradas de personas desplazadas y por la dificultad de ser atendidas", se ha visto "un aumento significativo de nuevos ingresos en sus recursos. Del goteo anterior de incorporaciones diarias han llegado, en algún caso, a quintuplicar dichos ingresos".

Por ello, los recursos que gestionan y los de las "entidades y redes hermanas en el ámbito de la exclusión socioresidencial" están "completos, con listas de espera, y cada día con más y más personas desatendidas por la falta de respuesta".

"El ya recurrente bloqueo al sistema de protección internacional y los recursos que podrían garantizar un cierto sustento -aunque temporal y limitado- a dichas personas sigue igual, dejando a miles de ellas sin alternativa. El Programa de Atención Humanitaria del Ministerio de Inclusión, garante de la primera acogida y primer rostro del marco estatal de protección social que las personas migradas obtienen, se vio reducido de tres meses de atención a uno solo desde el mes de junio pasado, lo que incrementa el número de personas que son arrojadas a la calle en situación de vulnerabilidad", prosiguieron en su escrito.

AGILIDAD

Por ello han pedido a las administraciones que, "en cumplimiento de la Ley de Transparencia 19/2013, de 9 de diciembre, de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid y de la Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid, de 27 de julio de 2017, a la que están respectivamente sujetos, respondan con la mayor agilidad posible".

La Mesa por la Hospitalidad de la Archidiócesis de Madrid la componen la Delegación de Migraciones, Cáritas Madrid, la Comisión de Justicia y Paz, Confer Madrid, la Comunidad de Sant’Egidio, Pueblos Unidos, y la Asociación Sercade.

Según subrayó el Arzobispado de Madrid, estas entidades gestionan en la Comunidad de Madrid numerosos programas de atención a personas en situación de exclusión socioresidencial, como programas de acogida desde el territorio, activación de la comunidad cristiana para el acompañamiento, centros y servicios especializados y propuestas para la integración y la inclusión social.

La defensa de los derechos de los migrantes y su atención con dignidad es una habitual reivindicación de la Iglesia madrileña y española. El pasado junio, tras ser nombrado arzobispo de Madrid, José Cobo urgió en una entrevista en Servimedia que las administraciones creasen "corredores humanitarios piloto" para una migración "reglada y segura" y subrayó que "el "cementerio" del Mediterráneo "debe conmover" y "Europa no puede mirar a otro lado".

EMPEÑO

Cobo, que forma parte de la Pastoral Social y Promoción Humana de la Conferencia Episcopal, que se encarga también de asuntos sobre migraciones, llamó a trabajar en esa línea desde la Iglesia y fuera de ella: "Necesitamos empeño de todas las administraciones, nacionales, europeas, y de los países de origen".

"La Iglesia está empeñada en establecer corredores", insistió. "Es más, en España ya hay diócesis de acogida y estamos creando lugares donde pueden venir familias en los que van ser acompañadas comunitariamente", remarcó.

En la misma línea se manifestaron este lunes los obispos de Canarias en la audiencia que mantuvieron en el Vaticano con el papa Francisco, acompañados del presidente del Gobierno insular, Fernando Clavijo.

Según informó la Iglesia canaria, los obispos del archipiélago entregaron a Francisco un informe manifestando que la migración en las islas se centra en tres grandes problemáticas: “La muerte de miles de personas en la ruta atlántica; la estancia prolongada de los menores en los centros de atención para migrantes, en los que no reciben el proceso adecuado de integración social para lograr una vida digna; y el futuro incierto que se le presenta a estas personas cuando se les traslada a la península, una cuestión que la Iglesia intenta paliar promoviendo 'corredores de hospitalidad'”.