Las entidades que denunciaron este posible decreto, entre las que están la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Oxfam Intermón, alertaron de que la norma podría introducir un "régimen de excepción al derecho de asilo por razón de lugar y tiempo", afectar al principio de no devolución y dificultar tanto el acceso al procedimiento de protección internacional como el ejercicio de la tutela judicial efectiva.

Las organizaciones, a través de un comunicado, aseguraron que el posible decreto para acelerar expulsiones supondría un "régimen de excepción al derecho de asilo por razón de lugar y tiempo" y pondría en riesgo garantías básicas de protección internacional.

Asimismo, alertaron de que la norma podría tener "fatales consecuencias" para el derecho de asilo y denunciaron además que tendría efectos retroactivos para personas solicitantes de protección internacional que hubieran registrado su petición desde el 30 de julio, tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

Entre sus principales críticas, destacaron la amenaza que supondría para el principio de no devolución, al contemplar situaciones en las que una persona que solicite asilo no podría permanecer en España mientras se resuelve su expediente.

Según las organizaciones, la propuesta también establece “determinados supuestos” en los que ese principio "no podría ser invocado", pese a tratarse de una garantía recogida en instrumentos internacionales de derechos humanos.

Advirtieron de que el decreto dificultaría el acceso al proceso de protección internacional al prever la inadmisión de solicitudes de asilo presentadas más de siete días después de una orden de devolución, expulsión o denegación de entrada.

Sostienen que esta limitación no es obligatoria en el marco del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) y podría perjudicar a personas que desconocen sus derechos o encuentran obstáculos para formalizar su solicitud.

Las entidades también denunciaron una posible vulneración de la tutela judicial efectiva por la reducción de los plazos para recurrir resoluciones desfavorables. Consideran que el margen de cinco días naturales previsto es insuficiente para garantizar la asistencia letrada, la representación jurídica y la preparación adecuada de los recursos.

Además, alertaron de la supresión de garantías procesales relevantes, como la intervención de Acnur en la valoración de las solicitudes de asilo, y mostraron su preocupación por el nuevo sistema de notificaciones planteado, que permitiría recurrir al Boletín Oficial del Estado (BOE) para comunicar resoluciones a personas alojadas en centros de acogida o “dispositivos de emergencia”.

Por todo ello, reclamaron al Ejecutivo que retire la propuesta y aplique el PEMA de la forma "menos lesiva posible" para el derecho de asilo, tal como, según recuerdan, se comprometió a hacer tras la aprobación de la normativa europea.

Además de CEAR y Oxfam Intermón, otras de las organizaciones firmantes de este comunicado son Movimiento por la Paz–MPDL, Servicio Jesuita a Migrantes, Red Acoge, Federación Sur Acoge, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), Irídia, Red de Acogida del Puerto de Santa María, Entreculturas, Coordinadora CIE No Cádiz, y Red de Apoyo a Inmigrante Dimbali.