Según alertaron desde el grupo de trabajo de las entidades, entre las que también están Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, Novact, Oxfam Intermón y Red Acoge, la entrada en vigor de este pacto europeo marca el inicio de una nueva política migratoria común que puede suponer un retroceso en los derechos de las personas migrantes y refugiadas.

Además, avisaron de que este nuevo marco normativo se acompaña de medidas que endurecen el control migratorio, como el reciente acuerdo sobre el Reglamento de Retorno, que amplía el uso de la detención y refuerza mecanismos punitivos para incrementar las expulsiones.

Al mismo tiempo, advirtieron de que otras herramientas incluidas en el pacto, como la revisión del concepto de “tercer país seguro” y la creación de listas de países de origen considerados seguros -en las que figuran estados con deficiencias en derechos humanos-, pueden debilitar garantías fundamentales.

Entre estas, destacan el derecho de asilo, la protección frente a devoluciones ilegales (principio de non-refoulement), el acceso a una defensa jurídica efectiva, el derecho a la información o la atención específica a personas en situación de vulnerabilidad.

En el ámbito operativo, el nuevo modelo refuerza los controles en frontera mediante sistemas de triaje que incluyen identificación, toma de datos biométricos, controles de seguridad y evaluación de vulnerabilidad en fases iniciales.

Las organizaciones dijeron que temen que estos procedimientos prioricen el control sobre la protección, especialmente si se externaliza la gestión migratoria hacia terceros países sin garantías suficientes.

Asimismo, los nuevos procedimientos fronterizos de asilo contemplan plazos más rápidos y menos garantías, lo que, según las ONG, puede dificultar el análisis individualizado de cada caso, incrementar el riesgo de detención -incluidos menores- y limitar el acceso a asistencia jurídica y a información adecuada.

En paralelo, la integración de los procedimientos de asilo y retorno podría acelerar las expulsiones al vincular automáticamente la denegación de protección con órdenes de retorno, reduciendo las posibilidades de acceder a otras vías legales de residencia.

Las entidades también subrayaron el impacto potencial en colectivos especialmente vulnerables, como la infancia, cuya protección podría verse comprometida si no se garantiza una evaluación individualizada de su interés superior. En materia sanitaria, las entidades recodaron la obligación de asegurar el acceso al sistema público de salud, incluso en contextos de internamiento.

Ante este escenario, las ONGs reclamaron al Gobierno y a las fuerzas políticas que garanticen transparencia en la aplicación del pacto, adopten un enfoque plenamente respetuoso con los derechos humanos y doten de recursos suficientes a los mecanismos de supervisión, especialmente al que asumirá el Defensor del Pueblo.

También pidieron una participación real y efectiva de la sociedad civil en el seguimiento de las políticas migratorias, así como capacidad para investigar y sancionar posibles vulneraciones de derechos. En conjunto, las entidades consideran que el nuevo marco europeo supone un giro hacia una política más restrictiva, que podría poner en cuestión estándares de protección consolidados si no se aplica con garantías suficientes.