La creación de esta comisión de investigación, solicitada ya también en la pasada legislatura, fue “una de las exigencias” de los republicanos para avalar la mesa del actual Congreso de los Diputados que permitió la elección de Francina Armengol como presidenta de las Cortes. El 'caso Pegasus' terminó con el mandato al frente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de Paz Esteban, que fue sustituida por Esperanza Casteleiro.

Según recuerdan los republicanos, entre los políticos afectados por este caso están los presidentes de la Generalitat Pere Aragonès, Quim Torra y Artur Mas y los del Parlament Roger Torrent y Laura Borràs.

Así como a miembros, entonces, del Congreso de los Diputados y del Parlament de Catalunya, y parlamentarios europeos, como Jordi Solé, Antoni Comín, Diana Riba, Míriam Nogueras, Jon Iñarritu, Albert Botran, Ferran Bel, Albert Batet o Josep Maria Jové.

En total, dicen en el escrito, los hechos afectan como mínimo a las 65 personas mencionadas, siendo, por tanto, indicios de un espionaje sistemático y generalizado de orientación política

Para los tres partidos firmantes, según recoge el texto registrado, “todos” los afectados “habrían sido objeto de espionaje ilegal, hecho que socava derechos fundamentales, como son el del respeto y protección individual a la intimidad y privacidad recogidos en los artículos 18.1. y 18.4. CE, el secreto de las comunicaciones (art. 18.3. CE) o el derecho de defensa (art. 24 CE), con vulneración del ordenamiento jurídico vigente”.

Para ERC, Bildu y BNG “todavía no se ha dado ninguna respuesta en relación a la asunción y depuración de responsabilidades”, como tampoco de los sistemas de control para evitar que estas prácticas “que ponen en juego todo el sistema democrático” se vuelvan a producir.

Por ello, exigen “ir hasta el fondo”, según un comunicado de prensa, para desenmascarar lo que se considera una operación de estado de espionaje político, y así reclaman en el registro de la comisión, poner a disposición de la comisión “toda la documentación y medios para esclarecer los hechos” y cumplir con la obligación de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos por parte del estado. Recuerdan, en este sentido, que ante la gravedad de los hechos, el Parlamento Europeo creó su propia comisión de investigación, que celebró varios encuentros en Madrid el pasado mayo.

En el texto presentado, ERC, Bildu y BNG también mencionan que el ex vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias así como “centenares de personalidades” del mundo empresarial han sido presuntamente “objeto de seguimiento, espionaje y monitorización ilegal durante años por personas relacionas con departamentos públicos. El caso más escandaloso ha sido el del excomisario de la policía nacional José Manuel Villarejo, que asegura tener en su poder miles y miles de horas de grabación de conversaciones telefónicas, así como informes que comprometen a instituciones y personas individuales”.

Y que, “no se ha dado respuesta aún sobre las actuaciones llevadas a cabo por parte de los poderes públicos en relación a la asunción y depuración de responsabilidades por lo concluido en la comisión de investigación del Congreso sobre las denominadas cloacas de Interior”.

Para los firmantes, la comisión habrá de culminar sus trabajos en un plazo de seis meses desde su constitución, pudiendo ampliarse dicho plazo por acuerdo de la misma. Pero, en cualquier caso, los impulsores cierran que la Comisión deberá emitir unas conclusiones antes del fin del primer periodo de sesiones parlamentarias del año 2024.