En las últimas semanas, los agentes sociales se han venido quejando de la parálisis en la negociación y de conocer las iniciativas que manejaba el Gobierno a través de “filtraciones” a la prensa, aunque también han reconocido los propios sindicatos que pidieron al ministro del ramo, José Luis Escrivá, que llevara a la mesa del diálogo social propuestas que contaran con apoyo parlamentario suficiente para salir adelante, así como con el visto bueno de la Comisión Europea.

Durante las últimas fechas, además, el ministro realizó varios viajes a Bruselas, desde donde llegó a decir que en “las próximas semanas” estaría culminada la negociación. No obstante, el plazo comprometido con Bruselas concluyó el pasado 31 de diciembre.

Eso sí, el ministro reiteró en numerosas ocasiones que en las próximas semanas culminará el proceso, que calificó de “complejo”. Además, restó gravedad a este retraso, recordando que sucedió algo similar durante unas semanas con la reforma del sistema de cotizaciones de autónomos el pasado verano.

Escrivá también comentó que esta reforma forma parte de los hitos vinculados al cuarto desembolso de los fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que tendrán que ser evaluados al término del primer semestre de 2023.

Durante su participación en un encuentro organizado por ‘El Español’, el ministro no quiso adelantar contenidos de la reunión de este viernes sobre la última pata de la reforma de pensiones, aunque deslizó que es “el cierre de la sostenibilidad completa del sistema”. “Tenemos que cerrar la sostenibilidad del sistema a todos los horizontes”, apuntaló.

DESTOPE Y PERÍODO DE CÁLCULO

Precisamente, en la última reunión, Seguridad Social defendió el destope de las bases máximas de cotización y ampliar el período de cálculo de la pensión, pasando de 25 a 30 años, pero eliminando los dos peores ejercicios de la carrera profesional.

Es este último el punto que más critican los sindicatos ya que, a su juicio, no es necesario ampliar el período de cómputo. En cambio, fuentes de la CEOE ponen el acento en alertar de las consecuencias de elevar las cotizaciones, debido al aumento de los costes laborales que ello acarrearía para las empresas.

El Gobierno también puso sobre la mesa del diálogo social nuevas propuestas para reducir la brecha de género en las pensiones. Entre ellas, el refuerzo de la cobertura de lagunas, elevando hasta el 80% de base mínima entre los meses 49 al 72 a mujeres entre 35 y 45 años y hombres que hayan sufrido en esos años una interrupción de su carrera laboral después de tener un hijo.

El departamento dirigido por José Luis Escrivá también planteó mejoras en la cobertura de los periodos de excedencia por cuidado de familiares y de reducción de jornada por cuidado de hijos. Además, propuso elevar un crecimiento adicional del complemento de brecha de género entre 2024 y 2025, adicionalmente a la revalorización anual.