En la respuesta, a la que ha tenidoacceso Servimedia, se desglosa esa cantidad por ejercicios. Así, los servicios de inteligencia gastaron 5.054.414.000 millones en 1991, 6832.424.000 en 1992; 4.453.350.000 en 1993; 5.669.074.000 en 1994 y está previsto que gasten 5.648 millones durante 1995.

Según Antonio Romero, se ha cometido en España un "atentado a los derechos constitucionales" con las escuchas ilegales en un servicio público que administra dinero de todos.

"Por lo tanto", añadió, "cuando con ese dinero público se espía a un fracción del partido en el gobierno o cuestiones relacionadas con la vida privada de la gente, hay una malversación de fondos públicos".