El documento vio la luz tras la Conferencia sobre Rentas Mínimas organizada por el Gobierno de España en el marco de su presidencia de turno del consejo de la UE, en la que participaron el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en funciones, Jose Luis Escrivá; el vicepresidente y ministro de Salud y Asuntos Sociales de Bélgica, Frank Vandenbroucke; el secretario de Estado de Trabajo y Asuntos Sociales de Alemania, Rolf Schmachtenberg; y el director general de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea, Joost Korte, entre otros.

La Declaración de Aranjuez recoge la importancia de estos esquemas de rentas mínimas, que garantizan "una vida digna para mejorar la cohesión social en el continente europeo".

Por ello, reafirma el compromiso de “incrementar los esfuerzos para combatir el problema común de la falta de cobertura" ('non take-up') en este tipo de prestaciones, así como de complementar las rentas mínimas con itinerarios que mejoren la inclusión (laboral, social, educativa…) de sus beneficiarios e impulsar el uso de los registros administrativos, tanto para el diseño como para la evaluación de la política.

La declaración, que leyó el ministro Escrivá, enfatiza la importancia de la inversión social, no sólo como instrumento para reducir la pobreza y la desigualdad, sino por “los retornos que genera a través de un mayor crecimiento, productividad, empleos y salarios”.

Durante su intervención en la Conferencia, el ministro Escrivá insistió en que la inversión social debe ser “bien definida y conceptualizada, para crear un marco riguroso y basado en la evidencia con el que se pueda señalar qué inversiones sociales proporcionan a las sociedades retornos a medio y largo plazo".

De este modo, podrían "tener un trato diferenciado en el marco fiscal europeo”, una iniciativa que se desarrolla de forma conjunta entre la presidencia Española y la futura presidencia belga, explicó.