En concreto, el BOE ha publicado el acuerdo del Consejo de Ministros, en su reunión del pasado martes, por el que se aprueban las instrucciones para determinar el proceso para autorizar la residencia temporal de los menores de edad saharauis y la estancia de sus monitores en España en el marco del citado programa del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Este acuerdo fija un procedimiento ágil y gratuito para su llegada, refuerza los controles sobre las familias de acogida y garantiza el retorno de los participantes al finalizar la estancia.

Por un lado, el acuerdo publicado en el BOE marca los requisitos y fases de tramitación de la autorización de estancia de estas personas. Las entidades promotoras del programa deberán solicitar un informe previo favorable a las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno para cada menor, identificando a la familia de acogida.

Estas deberán comprometerse expresamente a que la estancia no tiene fines de adopción ni acogimiento permanente y a garantizar el regreso del menor a su lugar de origen. Además, se exige comprobar antecedentes -como el certificado negativo de delitos sexuales- y asegurar que la estancia no supone coste para las arcas públicas.

Una vez autorizado el desplazamiento, se tramitarán los visados en el Consulado de España en Argel, de forma gratuita y en un plazo máximo de 15 días. Estos visados permitirán a los menores saharauis residir en España hasta un máximo de 91 días.

La norma subraya que las autorizaciones están estrictamente ligadas al programa ‘Vacaciones en Paz’ y no pueden prorrogarse, salvo en casos excepcionales por tratamiento médico, que podrían extender la estancia hasta un año.

Respecto a los monitores del programa, deberán solicitar un visado de estancia por voluntariado, también gratuito y limitado a 91 días, acreditando medios económicos y seguro médico. Igualmente, deberán firmar un compromiso de retorno.

El acuerdo suscrito en el BOE introduce también mecanismos de control, ya que las entidades organizadoras deben comunicar a la Policía el retorno de menores y monitores en un plazo de 15 días y notificar cualquier incumplimiento, lo que podrá afectar a futuras ediciones del programa.

Asimismo, los ministerios del Interior, Exteriores y Migraciones, implicados en el este proceso, deberán elaborar un informe de evaluación del programa. El BOE establece que las instrucciones entran en vigor al día siguiente de su publicación y se rigen, supletoriamente, por la normativa general de Extranjería.