Así se desprende de un nuevo informe de Greenpeace, publicado este jueves en plena Semana Europea de la Movilidad. El análisis evalúa si los billetes de transporte público en 30 países (los 27 de la UE más Noruega, Reino Unido y Suiza) y sus respectivas capitales son asequibles y están disponibles para la ciudadanía.

España se convirtió el pasado enero en el último país europeo en poner en marcha un título nacional con el lanzamiento del abono único en transporte (60 euros al mes de tarifa general y 30 para jóvenes de hasta 26 años).

El ranking europeo está encabezado por Luxemburgo (100 puntos sobre 100), seguido de Malta (88), Eslovenia (76), Austria (75), Alemania (66), Hungría (60), Chipre (57), Portugal (56), España (52) y Suiza (10).

Así pues, España se sitúa en el noveno puesto al perder tres posiciones respecto a 2023 (con 52 puntos sobre 100), pues el lanzamiento del abono único no ha supuesto ningún salto de puntuación significativo en relación a hace tres años, cuando ya se aplicaban medidas temporales de descuento en los precios del transporte como medida de salida de la pandemia de covid-19.

Este título es actualmente válido en trenes de Cercanías, Media Distancia y autobuses de competencia estatal. Su principal limitación es que aún no incluye las redes de transporte público urbano y autonómico, un factor determinante en la pérdida de posiciones de España en el ranking europeo.

Además, países como Eslovenia han introducido en este tiempo abonos climáticos nacionales más económicos y que superan la oferta española en los criterios de asequibilidad del estudio.

CAPITALES

Respecto a las capitales, Madrid retrocede al pasar del sexto puesto en 2023 a la 18ª posición de ahora (77 puntos sobre 100), tras registrar un encarecimiento del 50% en el precio de su abono mensual para el usuario final.

Esta subida de coste no obedece a un aumento en la tarifa base regular (que se ha mantenido congelada en 54,50 euros), sino a la reducción de la bonificación subvencionada del 60% al 40%.

Asimismo, la capital española se ve perjudicada en el ranking por no haber integrado aún su red local en el sistema del abono único estatal y porque ciertos beneficios, como el descuento general de un 20% para personas con discapacidad, no han alcanzado el umbral mínimo de un 25% requerido por el estudio para sumar puntos en la evaluación de inclusión social.

Las mejores capitales en esta materia son Tallin (Estonia), La Valeta (Malta) y Ciudad de Luxemburgo (Luxemburgo), que empatan con 100 puntos, por delante de Praga (Chequia), con 99,9; Roma (Italia), con 89,2; Atenas (Grecia), con 88,5); Sofía (Bulgaria), con 87,7; Viena (Austria), con 86,5; Varsovia (Polonia), con 86,2, y Bratislava (Eslovaquia), con 85,8.

Los precios de los abonos de transporte público han aumentado en 14 capitales europeas en los últimos tres años, según el informe, que sitúa a Londres (162 euros mensuales), Ámsterdam (107) y París (77) como capitales con el transporte público más caro.

Los tres mayores incrementos de tarifas en abonos de larga duración desde 2023 han tenido lugar en Nicosia (un 67% más), Ámsterdam (55%) y Madrid (50%).

ABONOS UNIVERSALES

Por otro lado, el informe subraya que solo 8 de los 30 países analizados disponen de abonos climáticos universales o transporte gratuito. Mientras tanto, el sector del transporte es el único en la UE que aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero, absorbiendo, además, el 65% del petróleo que se consume en territorio europeo.

En España, el sector del transporte representa ya un 34,2% del total de las emisiones en 2025, un 2,4% más respecto al año anterior.

“En un momento en el que las familias sufren el elevado coste de la vida y la emergencia climática se acelera, es inaceptable que desplazarse en transporte limpio siga siendo tan costoso o complejo”, apuntó Arjona Molina, responsable de la campaña de Movilidad de Greenpeace España.

Molina añadió: “La introducción de billetes climáticos verdaderamente integrados y asequibles es una de las medidas más rápidas y eficaces para reducir emisiones, ser menos dependientes del petróleo, ahorrar costes a los hogares y ofrecer alternativas reales al coche privado”.

En el ámbito comunitario, Greenpeace urgió a la Comisión Europea a respaldar las iniciativas nacionales de billetes climáticos con vistas a la creación de un abono climático único europeo, vinculando la financiación del Fondo Social por el Clima al establecimiento de objetivos de asequibilidad y cobertura en el transporte colectivo.