Así lo expone el informe anual de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) sobre la situación de las personas refugiadas en España y Europa correspondiente a 2025 presentado este lunes en Madrid y que también constata un descenso, hasta el 13,7%, en las solicitudes de asilo que recibe España y alerta de un retroceso en el acceso al derecho de asilo.

La tasa de reconocimiento de asilo descendió entre 2024 y 2025 más de siete puntos hasta quedarse en el citado 11%, lo que sitúa a España en el antepenúltimo lugar de la UE en cuanto a resoluciones favorables de solicitudes, solo por delante de Croacia y Chipre. Muy alejada de la media europea del 34%, que también descendió considerablemente en el año anterior al analizado.

España registró también una reducción significativa de solicitudes de asilo (13,7%), frenando la tendencia ascendente observada en los últimos años. Esto se debe principalmente a la reducción de las llegadas como consecuencia de acuerdos con terceros países para contener los flujos migratorios y al efecto disuasorio del Reglamento de Extranjería (Reloex), el cual no permite computar el tiempo de espera durante la resolución de asilo para los distintos tipos de arraigo.

Venezuela se mantiene como la primera nacionalidad de los solicitantes de asilo de España, seguida de las solicitudes de personas de Colombia, Perú o Senegal, que también cayeron estrepitosamente el año pasado, lo cual es fruto de esas medidas disuasorias. Además, el actual proceso de regularización extraordinaria está “minimizando en parte, aunque solo temporalmente”, dicho efecto disuasorio de solicitudes.

El informe de CEAR también sostiene que el incremento de “políticas hostiles” de externalización de fronteras y de retornos forzosos provocaron el primer descenso en una década de las personas desplazadas a nivel global: 117,5 millones de desplazados, un 5% menos que el año anterior.

Sin embargo, la entidad señala que este descenso no viene acompañado de menos necesidades de protección internacional, sino todo lo contrario, ya que se siguieron intensificando los conflictos, la violencia, la inestabilidad política, la crisis climática y las vulneraciones de derechos en todo el mundo.

Entre esas políticas hostiles, CEAR destacó el Pacto Europeo de Migración y Asilo que entró en vigor el pasado viernes en España y que plantea importantes desafíos para los derechos de las personas migrantes y refugiadas. La organización criticó especialmente la lista común de países considerados seguros, ya que entre ellos se incluyen algunos con graves déficits en materia de derechos humanos como Turquía, Colombia, Egipto o Túnez.

Además, alertó sobre el futuro Reglamento europeo de Retorno que supone “graves riesgos” para los derechos humanos al prever la detención prolongada o expulsiones a centros de deportación de terceros países, sin que sea necesario vínculo previo entre la persona y el país. Esta medida sigue el modelo Italia-Albania, paralizada por la Justicia italiana y el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

El informe señala asimismo que Afganistán, Siria, Venezuela, Ucrania, Sudán, la región del Sahel, la República Democrática del Congo, Somalia y Palestina representaron las principales crisis de desplazamiento forzado en 2025, según muestra el Informe de CEAR.

Al mismo tiempo, la mayoría de las personas desplazadas de manera forzosa lo eran dentro de su propio país y quienes tuvieron que traspasar fronteras fueron acogidas sobre todo por países vecinos de renta media y baja. Estas situaciones se han ido “cronificando y agravando”. En este contexto y por la extensión de políticas hostiles contra la migración, CEAR alertó de que millones de personas están “condenadas a sobrevivir en lugares donde sus derechos y sus vidas corren serio peligro”.

MENOS LLEGADAS

Las políticas de externalización de fronteras provocaron también una reducción considerable de las llegadas a España, sobre a las costas canarias: un 62% menos de llegadas que el año anterior. No obstante, aumentaron las llegadas a Baleares un 24,5%, consolidándose la nueva ruta que parte desde Somalia (hasta Baleares).

En este sentido, CEAR insistió en reclamar al Gobierno que habilite vías legales y seguras para garantizar el acceso a la protección internacional y evitar más pérdida de vidas en las rutas migratorias.

Además, el perfil de las personas que llegan a España son hombres y/o familias, en su mayoria con problemas médicos a su llegada como consecuencia de la ruta migratoria que tuvieron que hacer. Al mismo tiempo, la organización subrayó que el 15% de las llegadas a costas fueron niños y adolescentes sin referentes familiares. En total, 581 niños y adolescentes no acompañados fueron derivados desde Canarias a otras autonomías en 2025.

CEAR denuncia también en su análisis anual que las vulneraciones de derechos no se dan exclusivamente en las fronteras, países de tránsito u origen, sino que también persisten “obstáculos en el acceso a derechos básicos en España”, lo que dificulta los procesos de inclusión y multiplica las situaciones de vulnerabilidad de las personas migrantes y refugiadas.

La directora de CEAR, Mónica López, dijo en la presentación que España tiene “aún margen de maniobra para que la implementación del Pacto garantice derechos”. Para ello, reclamó al Gobierno que se “comprometa a respetar el principio de no devolución, el acceso a la asistencia jurídica, el derecho a la información y a la interpretación de calidad”.

También España “debe garantizar la atención específica a personas en situación de mayor vulnerabilidad, entre las que se encuentran muchas niñas, niños y adolescentes”, añadió.

MÁS ODIO

Por otro lado, el informe de CEAR señala también la escalada del racismo y la xenofobia, que “continúan constituyendo barreras estructurales” en los procesos de inclusión social. Los delitos e incidentes de odio, relacionados con racismo y xenofobia aumentaron un 23,6% en 2025, la mayor cifra desde que hay registros del Ministerio de Interior.

En su caso, el director de CEAR, Mauricio Valiente, llamó a la “responsabilidad política” y pidió un Pacto de Estado contra estos delitos porque se necesitan “compromisos jurídicos, presupuestarios y mecanismos de protección estables”.

La presentación del Informe también estuvo presente un refugiado colombiano, Luis Carlos Agudo, quien relató su experiencia de represión en su pais de origen.