A través de un comunicado, el Ejecutivo español recuerda que el pasado 1 de agosto el Gobierno de Italia reintrodujo los controles en frontera con España, afectando a la movilidad de miles de pasajeros y generando inseguridad jurídica en pleno periodo estival.

Desde el Ejecutivo señalan que esta medida, sin precedentes en la historia reciente, se adoptó sin aviso previo, de forma unilateral, "y con argumentos espurios que no se ajustan ni al Código de Fronteras Schengen ni a la verdad".

Los argumentos que esgrime el Gobierno español, ya repetidos estos días pasados, son que, en primer lugar, ninguno de los migrantes que accedieron de forma irregular a Ceuta la semana pasada pudo ni puede entrar libremente al espacio Schengen porque la ciudad autónoma de Ceuta tiene un régimen especial en el mismo desde 1991.

En segundo lugar que, con la cooperación del Reino de Marruecos, "la práctica totalidad de ellos ya han retornado".

También que Italia es, según Frontex, el Estado Miembro que más cruces irregulares ha registrado en los últimos años, "con cifras que han llegado a duplicar las de España".

Asimismo, el Ejecutivo alega que, desde el año 2022, Italia no cumple el Reglamento de Dublín, generando una carga adicional de la presión migratoria al resto de Estados Miembros.

Pese a ello, subraya, España nunca ha introducido controles para Italia, y de hecho, siempre se ha mostrado solidaria con ella, acogiendo parte de los migrantes que llegaron a Lampedusa en 2023 y abriendo sus puertos de forma recurrente a migrantes que son rescatados en la ruta del Mediterráneo central.

En consecuencia, el Gobierno de España considera la medida adoptada por el Gobierno italiano "injusta, contraria a los intereses de la UE, y discriminatoria para la población española".

Por ello, desde el Ejecutivo instan al Gobierno de Italia a que rectifique, ponga fin a los controles "y trate a los españoles como al resto de ciudadanos europeos".

"Si no lo hiciera antes de que concluya el domingo 9 de agosto, España se verá obligada a adoptar medidas proporcionales para proteger los intereses y la dignidad de sus ciudadanos", apostilló.