Así lo anunció este jueves en París el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en declaraciones a los medios de comunicación posteriores a su reunión en la capital gala con la secretaria general adjunta de la OCDE, Mary Beth Goodman, con quien la delegación española ha “trabajado en distintas líneas de cooperación y apoyo”.

En concreto, en la reunión abordaron la “posibilidad” de llevar a cabo una “cooperación” en el ámbito de los derechos de los consumidores en el ámbito digital, “específicamente en lo que tiene que ver con el desarrollo de algoritmos para el establecimiento de precios dinámicos o personalizados y también de la protección de los consumidores vulnerables en el entorno digital”.

“Y este es un ámbito de trabajo en el que, con entusiasmo, nos han aceptado la colaboración y donde creemos que España puede ser referente”, apostilló, al tiempo que recordó que, en los últimos meses, su departamento ha emprendido acciones “muy decisivas” para “defender los derechos de los consumidores en ámbitos importantes”, entre los que citó los de las aerolíneas 'low cost', las plataformas de comercio online, las grandes inmobiliarias y las plataformas de pisos turísticos.

En este contexto, estimó que este trabajo que se está haciendo en España, “a través de la cooperación y la colaboración internacional, puede extenderse para garantizar que recuperemos la capacidad de control en nuestras democracias sobre los algoritmos que están determinando gran parte de la vida pública y de nuestra vida económica y social”.

ESPAÑA, REFERENTE

“Queremos que España sea referente en la defensa de la gobernanza democrática de los espacios digitales y, por tanto, ha sido una reunión muy provechosa que espero que dé frutos próximamente”, aseveró.

En paralelo, indicó que otra de las líneas de colaboración “tiene que ver con el trabajo contra la pobreza infantil y con la adopción de una prestación universal por crianza”, al tiempo que explicó que su gabinete está trabajando “en todo el ámbito técnico para el despliegue y el desarrollo de esta posible medida” que, a su juicio, “tendría un impacto extraordinario en la reducción de la pobreza infantil en España, que sigue teniendo unos niveles altísimos”.

JUSTICIA FISCAL

La agenda de Bustinduy en la capital francesa incluye también una reunión, este viernes, con el economista Gabriel Zucman, impulsor de la adopción de un impuesto del 2% sobre los patrimonios superiores a 100 millones de euros en Europa, que, según el ministro, en España “podría recaudar un volumen de recursos superior a los 5.400 millones de euros al año”, necesarios, por ejemplo, para implementar la prestación universal por crianza y “erradicar la pobreza infantil en España”.

“Yo creo que es una conversación importantísima para el futuro de las democracias y que, además, tiene el factor de clarificar el debate público. Porque lo que hay detrás de la política fiscal es una idea de sociedad y de horizonte para nuestras sociedades y nuestras democracias”, agregó, al tiempo que avanzó que en dicha reunión planteará algunas de las iniciativas del ministerio en este sentido.

No obstante, afirmó que la reunión de este viernes trata de “dibujar una idea de Estado social a futuro que sea capaz de proporcionar seguridad a la ciudadanía entendida desde una perspectiva vital, de bienestar vital a lo largo del ciclo de la vida”. “Para eso hacen falta recursos y hay que obtenerlos de la justicia fiscal”, abundó.

“Estamos viendo cómo la desigualdad se incrementa y la izquierda en España, Sumar, por supuesto, pero todas las formaciones de izquierda, han hecho suyas propuestas que vayan en el sentido de incrementar la progresividad fiscal y hacer que quienes más tienen más paguen, que es el principio que defendemos para garantizar la sostenibilidad del Estado social y una sociedad más justa”, resolvió.