España, Austria, Bélgica, Bulgaria, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Polonia, Rumanía y Eslovaquia impulsaron una propuesta con medidas comerciales en defensa del acero europeo, para asegurar la continuidad de este sector, por su alto valor estratégico y su papel esencial en las etapas iniciales de las cadenas de valor como las de automoción, energía, construcción o defensa.